José de la Paz Pérez /
*1° de septiembre de 2024. Una fecha que quedará marcada en la historia jurídica de México. No es una transición cualquiera
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrena una nueva configuración, pero lo hace bajo la sombra de un hecho sin precedentes: por primera vez en décadas, el pleno se reunirá sin la presencia de la ministra Norma Piña Hernández como presidenta.
Su salida de la Presidencia no es un mero trámite administrativo. Es el epílogo de una intensa y pública batalla política que ha convertido al máximo tribunal del país en un campo de lucha entre el proyecto oficialista y una oposición que veía en Piña el último dique de contención.
Una narrativa fracturada
La valoración del desempeño de Norma Piña depende enteramente del cristal con que se mire, y ese cristal está irremediablemente teñido de colores políticos.
Para un sector de la sociedad civil, académicos y la oposición política, la ministra Piña encarnó, durante su breve pero crucial presidencia, la defensa de la autonomía judicial frente a la influencia del Ejecutivo. Se convirtió en un símbolo de resistencia.
Sus votos en contra de iniciativas clave del gobierno, como la reforma electoral ("Plan B") o la controversia sobre la militarización de la seguridad pública, fueron celebrados como actos de valentía constitucional.
Desde esta trinchera, se le ve como la guardiana de un equilibrio de poderes que se percibía bajo amenaza.
Por otro lado, para los simpatizantes del gobierno y una parte significativa de la base popular, la gestión de Piña fue obstruccionista, deliberadamente lenta y alineada con los intereses de la vieja política. La acusaron de proteger privilegios corporativos (como en el caso de los ministros de la Línea 12 del Metro) y de utilizar la figura de la suspensión para trabar las transformaciones del "proyecto de la 4T".
Desde esta perspectiva, su liderazgo no representó independencia, sino una oposición ideológica disfrazada de juridicidad. La campaña constante en su contra, impulsada desde las más altas esferas del gobierno, buscó (y logró) minar su autoridad y pintarla como un enemigo del cambio.
Lo que llega
Hoy asumen nuevos integrantes, llegados a través del voto popular.
El temor es que la Corte se convierta en una cámara de eco, perdiendo su esencia deliberativa y su papel de contrapeso. Se esperan sentencias que allanen el camino para reformas constitucionales profundas, como la reforma judicial, y que reviertan suspensiones y criterios que hoy frenan la agenda presidencial.
Por el contrario, para la base de la 4T, esto representa la "democratización" final del Poder Judicial. La llegada de una mayoría afín se presenta como la oportunidad de desatascar las "transformaciones históricas" que una minoría "conservadora" había bloqueado. Esperan una Corte ágil, que valide el proyecto de nación y entierre los "resabios del neoliberalismo" en la justicia.
El verdadero desafío
El verdadero significado de este 1° de septiembre trasciende la simple sustitución de una mayoría por otra. El reto para los nuevos integrantes y para el pleno en su conjunto es monumental: demostrar que, a pesar de su origen político, su lealtad es únicamente con la Constitución.
Una Corte que simplemente cambie un bloque ideológico por otro no fortalece la democracia; la debilita, al judicializar aún más la lucha política y erosionar la percepción de imparcialidad ciudadana.
La grandeza de la SCJN ha residido históricamente en su capacidad para sorprender, para generar jurisprudencia con criterio propio y, en ocasiones, para frenar los excesos de quien ostenta el poder, sin importar su color.
El legado que deben construir los que llegan es el de una Corte que, con independencia y altura de miras, sepa navegar ese huracán sin convertirse en parte de él. La salud de nuestra democracia depende de si lo logran. El veredicto final, como siempre, será el del tiempo.