*La historia de Teresa Nava Alfaro que, en medio de su lucha diaria por sacarla adelante, surgió una oportunidad para su hija Tiare: un viaje formativo que implicaba abrir horizontes. Sin embargo, el requisito indispensable era una autorización que nunca llegó
En el Congreso local, la diputada Marisol Bazán Fernández colocó en el centro del debate una problemática que, aunque cotidiana, pocas veces logra visibilizarse con claridad: la violencia que no se expresa en gritos ni golpes, pero que condiciona la vida de mujeres, niñas y niños desde los espacios más ordinarios.
No se trata de un caso aislado. Por el contrario, es una realidad que se repite con distintos nombres, pero con patrones similares. Historias donde los trámites se detienen, los tiempos se dilatan y las decisiones dependen de ausencias deliberadas.
Ahí se ubica el caso de Teresa Nava Alfaro.
Sin protagonismos ni estridencias, su historia refleja la de muchas mujeres que sostienen, día a día, la vida familiar: organizan, cuidan, administran y acompañan. En medio de esa rutina, surgió una oportunidad para su hija Tiare: un viaje formativo que implicaba abrir horizontes.
Sin embargo, el requisito indispensable era una autorización que nunca llegó.
No hubo una negativa formal. Tampoco una respuesta afirmativa. Hubo, en cambio, evasivas, silencios y promesas incumplidas. Una firma ausente que terminó por frenar el proceso. Lo que debió ser un trámite administrativo se convirtió en un obstáculo determinante.
En México, situaciones como esta evidencian una contradicción persistente: el interés superior de la niñez puede quedar condicionado a la voluntad intermitente de uno de los padres. En ese vacío, se generan afectaciones que no siempre son visibles, pero sí profundamente significativas.
A esta forma de daño hoy se le denomina violencia vicaria.
Nombrarla no es un gesto menor. Implica reconocer que existen mecanismos de control que se ejercen a través de terceros, particularmente de hijas e hijos, y que estos actos trascienden lo privado para convertirse en un asunto público.
La iniciativa presentada por la diputada Marisol Bazán busca precisamente atender ese vacío.
Su planteamiento propone que, en casos donde exista obstrucción injustificada para trámites como la expedición de pasaportes, se analicen alternativas con perspectiva de derechos, evitando que la falta de consentimiento de uno de los progenitores vulnere oportunidades fundamentales para la infancia.
Más allá del ámbito legislativo, la propuesta abre una discusión de fondo: el papel del Estado frente a estas situaciones. ¿Debe limitarse a observar conflictos familiares o intervenir cuando estos afectan directamente el desarrollo de niñas y niños?
Casos como el de Teresa Nava Alfarto y su hija Tiare evidencian que la burocracia no siempre es neutral. En ocasiones, puede convertirse en un factor que prolonga o incluso agrava desigualdades, especialmente cuando no se incorpora una visión integral de derechos.
Es probable que la iniciativa enfrente resistencias o que su avance sea paulatino. Sin embargo, el hecho de que estas historias comiencen a formar parte de la agenda pública marca un punto de inflexión.
Porque al visibilizarse, dejan de ser experiencias individuales.
Se transforman en una demanda colectiva.
Y, sobre todo, en una urgencia que ya no puede postergarse.