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| Ricardo Salinas Pliego. Foto: Facebook |
José de la Paz Pérez /
El largo pleito fiscal entre Grupo Salinas y el Estado mexicano ha entrado en su fase definitiva. Tras más de una década de litigios, resoluciones judiciales firmes y el agotamiento de recursos legales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige el pago de alrededor de 51 mil millones de pesos, correspondientes a impuestos, actualizaciones, recargos y multas de ejercicios fiscales que datan de finales de la década de los 2000.
El caso no sólo es relevante por el monto —uno de los más altos reclamados a un conglomerado empresarial en la historia reciente del país—, sino por su carga simbólica y política: pone a prueba la capacidad del Estado para cobrar a grandes contribuyentes y redefine el discurso sobre el llamado “piso parejo” en materia fiscal.
Durante años, las empresas del grupo mantuvieron una estrategia de defensa basada en recursos administrativos, juicios de nulidad y amparos. Esa ruta permitió diferir el pago mientras los tribunales resolvían.
Sin embargo, entre 2023 y 2024, los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon los últimos recursos, dejando los créditos fiscales firmes y legalmente exigibles.
Ese momento marcó un quiebre: el conflicto dejó de ser jurídico y pasó al terreno estrictamente administrativo.
Los plazos y la intención de pago
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el SAT notificó formalmente a las empresas de Grupo Salinas el requerimiento de pago conforme al Código Fiscal de la Federación.
A partir de esa notificación, la ley concede cinco días hábiles para que el contribuyente manifieste si cubrirá el adeudo. El viernes 23 se cumplió el plazo.
De acuerdo con la mandataria, representantes de Grupo Salinas acudieron al SAT el jueves, previo al vencimiento del plazo para manifestar formalmente su intención de pagar.
Este acto, subrayó Sheinbaum, no constituye una negociación política ni una condonación, sino un paso previsto por la ley que permite aplicar reducciones automáticas en recargos y multas, siempre que el pago se concrete en los tiempos establecidos.
El proceso se encuentra ahora en mesas técnicas para definir el monto final —una vez aplicados los ajustes legales— y el calendario de pago, con la expectativa oficial de que el tema quede resuelto en el corto plazo.
Postura de Ricardo Salinas Pliego
Ricardo Salinas Pliego ha sostenido públicamente que, como persona física, no adeuda impuestos, y que las obligaciones corresponden a las empresas del grupo.
Ese deslinde es jurídicamente válido, pero no ha logrado disipar la percepción pública de resistencia prolongada al cumplimiento fiscal, especialmente tras años de confrontación discursiva con el gobierno y señalamientos de presunta persecución política.
El reconocimiento de la intención de pago representa, no obstante, un cambio de tono respecto a etapas previas del conflicto, cuando el énfasis estaba en desacreditar el cobro más que en resolverlo.
Línea de tiempo del caso
Para dimensionar el proceso, estos son los momentos clave del conflicto fiscal:
2008–2013: Ejercicios fiscales en los que el SAT detecta operaciones que considera indebidas en empresas del grupo.
2009–2024: Interposición de recursos administrativos, juicios y amparos que suspenden el cobro mientras se litiga.
2023–2024: Tribunales federales y la SCJN niegan los últimos amparos; los créditos quedan firmes.
Enero de 2026: El SAT notifica formalmente el requerimiento de pago por alrededor de 51 mil millones de pesos.
20–23 de enero de 2026: Corre el plazo legal de cinco días hábiles para manifestar la decisión de pagar.
22 de enero de 2026: Grupo Salinas expresa formalmente su intención de cubrir el adeudo.
Semana actual: Mesas técnicas para definir monto final y condiciones de pago conforme a la ley.
La lectura de fondo
Desde una interpretación imparcial, el caso revela dos verdades simultáneas:
Por un lado, muestra que el Estado mexicano puede sostener litigios complejos contra grandes contribuyentes hasta obtener resoluciones firmes. Por otro, evidencia que el diseño del sistema permite diferir obligaciones fiscales durante años, con costos que se acumulan y se vuelven políticamente explosivos al final del proceso.
Si el pago se concreta, el caso Grupo Salinas no sólo cerrará uno de los litigios fiscales más emblemáticos del país, sino que sentará un precedente relevante: el cumplimiento fiscal como obligación ineludible, incluso para los actores económicos más poderosos.
El verdadero impacto, sin embargo, se medirá después. No en el monto recaudado, sino en si este episodio fortalece la confianza en la legalidad fiscal o queda como un caso excepcional, impulsado más por la presión política y mediática que por una transformación estructural del sistema tributario mexicano.