José de la Paz Pérez /
*La diputada Marisol Bazán
Fernández impulsa en el Congreso de Guerrero una iniciativa para evitar que
padres agresores utilicen la firma del pasaporte como mecanismo de control
sobre mujeres e hijas e hijos, a partir del caso de la activista Teresa Nava
Alfaro
Chilpancingo, Gro., 29 de abril de 2026.- En el Congreso de Guerrero, una iniciativa legislativa puso sobre la mesa una realidad que durante años ha permanecido oculta entre trámites burocráticos, juzgados lentos y silencios forzados: cuando un padre utiliza su firma para impedir que sus hijas e hijos obtengan un pasaporte o puedan ejercer su derecho a la movilidad, no se trata de un simple requisito administrativo, sino de una forma de violencia vicaria.
La diputada Marisol Bazán Fernández presentó la llamada “Ley Tereza”, una propuesta que busca reformar diversas leyes federales para impedir que los agresores continúen ejerciendo control sobre las mujeres a través de sus hijas e hijos.
La iniciativa surge del caso de la activista guerrerense Teresa Nava Alfaro, quien durante años ha enfrentado obstáculos para obtener la autorización necesaria para tramitar el pasaporte de su hija, pese al abandono y la ausencia del padre.
Un problema estructural, no aislado
Bazán dejó claro que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica recurrente que afecta a cientos de mujeres en todo el país.
“Hoy estamos presentando a los medios la Ley Tereza, que refleja la viva voz de cientos de mujeres que, a raíz de la presentación de esta ley, se han acercado, ya que viven esta misma situación, víctimas de esos padres que hacen uso de vacíos legales para violentar y ejercer control”, expresó la legisladora.
La propuesta se sustenta en el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a los congresos estatales para promover reformas ante el Congreso de la Unión. Por ello, aunque nace en Guerrero, su alcance busca ser nacional.
El objetivo principal es garantizar el derecho a la movilidad y a la identidad de niñas, niños y adolescentes, evitando que el consentimiento legal del progenitor violentador se convierta en una herramienta de coacción.
Cambios legales propuestos
“La Ley Tereza” plantea modificaciones a la Ley de Migración, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Entre los cambios más relevantes, propone que cuando exista una resolución judicial que acredite violencia vicaria o deudas alimentarias, las autoridades migratorias puedan expedir el pasaporte de un menor sin requerir la firma del progenitor agresor.
También busca que obstaculizar trámites legales sea reconocido formalmente como una forma de violencia vicaria.
Además, obligaría a jueces y autoridades administrativas a resolver estos casos con perspectiva de género y bajo el principio del interés superior de la niñez, para evitar que la negativa del consentimiento parental siga siendo utilizada como castigo, manipulación o chantaje emocional.
“Queremos evitar que un papá violentador pueda usar el trámite del pasaporte para seguir controlando a la mamá”, explicó Bazán, al resumir el espíritu de la reforma.
El rostro humano de la ley
Pero detrás del discurso legislativo hay una historia profundamente humana.
Teresa Nava Alfaro, docente, investigadora, activista feminista y funcionaria en programas de atención a mujeres, relató que su hija está por cumplir 12 años y durante todo ese tiempo ha vivido la imposibilidad de acceder a oportunidades académicas y profesionales por no contar con una simple firma.
Intentó realizar estudios de posgrado en Canadá y en Estados Unidos. Hizo trámites, pagos y traslados desde su municipio de origen, Huacotzingo, hasta Acapulco. Siempre recibió promesas de autorización por parte del padre de su hija, pero nunca se presentó.
“No solamente se trata de la firma de un trámite burocrático, no solamente se trata de tener acceso a un pasaporte; se trata de toda la violencia que he vivido a la par con mi hija y que al final este sistema estructural no pone al centro el interés superior de la niñez”, expresó.
Su testimonio fue más allá del caso personal. Habló del desgaste económico, emocional y profesional que enfrentan miles de mujeres que, aun siendo madres cuidadoras de tiempo completo, siguen dependiendo de la voluntad de quienes muchas veces son deudores alimentarios, ausentes o agresores.
“¿Por qué el violentador sí pudo hacer su posgrado de calidad y yo me tuve que sacrificar?”, cuestionó con la voz entre la indignación y la impotencia.
Romper el silencio
Teresa también señaló que muchas mujeres no denuncian por vergüenza, por miedo o por falta de redes de apoyo, y lanzó una frase que resumió el sentido político y simbólico de esta lucha:
“La vergüenza tiene que cambiar de bando”.
La frase fue contundente, como una consigna y como una advertencia.
Porque la Ley Tereza busca modificar normas y pretende desmontar una estructura que durante años permitió que la violencia se escondiera detrás de un sello, una firma o un trámite suspendido.
En Guerrero, esta iniciativa abre una discusión de fondo: entender que la violencia también puede habitar en la burocracia, en la omisión institucional y en la indiferencia legal. Y que legislar sobre ello no es un acto administrativo, sino una forma de justicia.