José de la Paz Pérez /
*La iniciativa busca fortalecer la legalidad, la interculturalidad y la certificación de cuerpos de seguridad, especialmente en la Montaña y la Costa Chica
Chilpancingo, Gro., 2 de marzo de 2026.– Con el fin de garantizar la presencia de intérpretes o traductores de lengua indígena en los procesos de evaluación y control de confianza de aspirantes y elementos policiales, la diputada Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista (Morena) presentó una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 49 de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
La trascendencia de la reforma radica en que busca asegurar la comprensión plena de los procedimientos, la validez del consentimiento y el respeto irrestricto a los derechos de las personas indígenas y afromexicanas que participan en estos procesos.
El documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.
Eguiluz Bautista subrayó que la iniciativa responde a una necesidad real en municipios con alta presencia de población originaria, particularmente en regiones como La Montaña y la Costa Chica, donde la diversidad lingüística es un factor determinante en la interacción institucional.
La propuesta pretende armonizar la legislación secundaria con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciendo así la legitimidad democrática e intercultural de las instituciones de seguridad pública.
La legisladora explicó que el Certificado Único Policial constituye un instrumento esencial de garantía institucional, al asegurar que quienes portan uniforme y ejercen funciones de seguridad cuenten con el perfil, habilidades, formación y confiabilidad requeridos.
Sin embargo, advirtió que dicha certificación pierde efectividad si los evaluados no comprenden cabalmente las indicaciones y alcances de los exámenes a los que son sometidos.
En su exposición, destacó que los elementos policiales representan la primera —y en muchos casos la única— respuesta inmediata del Estado frente a emergencias, conflictos comunitarios, violencia familiar o delitos locales.
Cuando esa respuesta no está debidamente certificada bajo criterios de legalidad y respeto a derechos humanos, se incrementa el riesgo de actuaciones sin apego a protocolo, detenciones defectuosas y vulneraciones a garantías fundamentales.
La adición propuesta establece que, cuando los procesos de evaluación se apliquen en municipios con población indígena, el Centro correspondiente deberá garantizar la presencia de intérpretes en la lengua respectiva.
Con ello, se busca asegurar la comprensión total de los procedimientos y dotar de plena validez jurídica al consentimiento otorgado, consolidando un modelo de seguridad pública con enfoque intercultural y respeto a la diversidad lingüística de Guerrero.