José de la Paz Pérez /
La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó una de las acciones más audaces y controvertidas de la política exterior estadounidense en décadas: la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales.
Lo que algunos celebran como un triunfo de la justicia —o incluso de la democracia—, otros lo condenan como un abuso de poder e intervención inaceptable en la soberanía de un Estado.
Desde la óptica oficial de Washington, la operación —denominada Operación Resolución Absoluta— cerró un ciclo largo de presión sobre Caracas por acusaciones de narcoterrorismo, tráfico de drogas y conspiración que, según fiscales estadounidenses, vinculan a Maduro y altos funcionarios a redes criminales globales.
Que un líder señalado de delitos transnacionales sea finalmente custodiado por la justicia de otro país parece, en principio, una victoria para quienes defienden que nadie debería estar por encima de la ley.
Sin embargo, este logro legalista no se sostiene sin tensiones políticas y éticas. El uso combinado de bombardeos, fuerzas especiales y coordinación militar sin autorización explícita del Congreso estadounidense ni respaldo claro de organismos multilaterales plantea interrogantes profundos sobre el respeto al derecho internacional y la soberanía.
La historia contemporánea de relaciones internacionales enseña que las incursiones unilaterales con fines de captura suelen generar más inestabilidad que certidumbre jurídica.
Los defensores de la acción argumentan —con razón desde su punto de vista— que la comunidad internacional ha sido incapaz de frenar la erosión democrática en Venezuela después de años de elecciones cuestionadas, restricciones a libertades básicas y crisis social prolongada.
Para ellos, una medida radical podía ser el desenlace que finalmente ponga fin a un régimen que ha persistido pese a sanciones, diálogos fallidos y aislamiento diplomático. Dentro y fuera de Venezuela, sectores cansados de la crisis ven en la captura de Maduro una oportunidad para abrir una nueva etapa.
No obstante, las voces en contra no son meros ecos aislados del chavismo. Gobiernos como el de México, Brasil y China calificaron el operativo como una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, alertando sobre los peligros de normalizar acciones militares para resolver diferencias políticas o judiciales entre países.
En este punto, la crítica no se limita a la figura de Maduro, sino a la metodología empleada y al mensaje que transmite al mundo: ¿puede una potencia imponer su justicia penal en el territorio de otro país sin consecuencias? La respuesta a menudo arroja condenas, inquietudes sobre soberanía y miedo a precedentes peligrosos.
Más aún, la narrativa de justicia se enturbia cuando líderes internacionales señalan que intereses estratégicos —desde el acceso a recursos energéticos hasta la geopolítica hemisférica— pueden estar entrelazados con el operativo.
Aunque esto no invalida la existencia de cargos legales contra Maduro, sí complica la percepción pública de la operación: ¿fue una acción de aplicación de la ley o un acto de política exterior altamente instrumentalizado?
El impacto inmediato es incuestionable: Venezuela enfrenta una crisis institucional, su liderazgo se fragmenta y la región observa con alarma y expectación.
La comunidad internacional se encuentra en un momento decisivo: hay llamados a una transición pacífica y democrática, pero también advertencias de escalada y confrontación.
Al final, la detención de Nicolás Maduro abre una fractura profunda entre quienes ven en esta acción una forma legítima de hacer justicia contra un gobernante acusado de crímenes graves y quienes la perciben como una violación peligrosa de normas internacionales que podría socavar la estabilidad regional.
La historia juzgará este episodio tanto por sus fines, como por los métodos utilizados y sus consecuencias duraderas para las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y el mundo.