Por José de la Paz Pérez /
*Con el fallo unánime de este 13 de noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió uno de los juicios fiscales más emblemáticos contra un empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego; también envió un mensaje sobre el fin de la impunidad tributaria en las altas esferas económicas del país
La resolución de la Corte, que confirma los adeudos de Grupo Elektra y otras empresas del consorcio de Ricardo Salinas Pliego por más de 48 000 millones de pesos, marca un punto de inflexión en la relación entre el poder económico y el Estado mexicano.
No es sólo la cifra —colosal en términos de recaudación— sino lo que simboliza: por primera vez en la historia moderna de México, un magnate del tamaño de Salinas Pliego se ve obligado a enfrentar una sentencia definitiva que lo obliga a pagar impuestos atrasados, multas y recargos acumulados durante casi dos décadas.
La Corte fue clara: las empresas deben pagar lo que adeudan. No hay espacio ya para tácticas dilatorias, ni para escudos judiciales que durante años sirvieron para aplazar lo inevitable.
En términos institucionales, es una victoria para el Estado de derecho, y una advertencia para los grandes contribuyentes que acostumbraban litigar eternamente con el SAT para evitar el cumplimiento fiscal.
Un fallo que trasciende fronteras
Mientras México celebra un triunfo judicial que refuerza la autoridad de su máximo tribunal, Salinas Pliego enfrenta también en Estados Unidos órdenes de pago y sanciones que suman más de 580 millones de dólares, además de multas judiciales y fianzas impuestas por tribunales norteamericanos.
Este doble frente legal evidencia que el problema no es local, sino sistémico: un modelo empresarial que basó parte de su fuerza en la litigación constante y la resistencia al control fiscal.
La coincidencia temporal de ambos procesos —México y EUA— convierte al caso en un parteaguas de justicia transnacional y en una lección sobre los límites del dinero frente a la ley, que debería ser una constante en México y en cualquier nación.
El precedente jurídico que deja la SCJN va más allá del caso Salinas Pliego. Lo que se resolvió hoy sienta las bases para que ningún actor económico, por poderoso que sea, esté por encima de sus obligaciones fiscales.
El mensaje institucional es contundente: la justicia fiscal no es negociable, y las empresas deben contribuir al financiamiento del Estado en la misma medida que cualquier ciudadano.
En términos técnicos, el fallo refuerza la figura de la “cosa juzgada fiscal” y delimita los márgenes de interpretación que habían permitido a grandes corporaciones retrasar durante años el pago de impuestos con nuevos recursos o amparos.
En adelante, la jurisprudencia de la Corte permitirá que el SAT ejecute con mayor rapidez créditos firmes contra grandes contribuyentes, cerrando un ciclo de impunidad que había caracterizado al sistema tributario mexicano.
La reacción del empresario y la polarización mediática
Fiel a su estilo desafiante, Ricardo Salinas Pliego reaccionó en sus redes sociales. Su discurso, revestido de confrontación ideológica, insiste en que es víctima de persecución política. Sin embargo, los hechos son jurídicos, no partidistas: la Corte resolvió en estricto apego a derecho.
Las opiniones mediáticas se dividen: mientras algunos columnistas celebran la determinación como un triunfo del Estado de derecho y de la autoridad fiscal, otros, como Raymundo Riva Palacio o Mario Maldonado, interpretan la decisión como parte de una “operación política” contra un empresario incómodo para el poder.
En cualquier caso, la discusión pública confirma la relevancia histórica del fallo: ya no se trata de Salinas Pliego como individuo, sino del papel que el Estado juega frente a quienes concentran grandes fortunas y buscan moldear las reglas a su favor.
El parteaguas para la justicia fiscal mexicana
Lo ocurrido este 13 de noviembre de 2025 quedará registrado como un antes y un después en el ámbito judicial que redefine los límites del poder económico en México.
La SCJN, con su resolución, cierra un capítulo de litigios interminables, e inaugura una nueva etapa donde la ley, finalmente, alcanza a los poderosos.
El país observa cómo se equilibra la balanza: por un lado, un Estado que reivindica su autoridad fiscal; por el otro, un empresario que promete seguir combatiendo hasta las últimas instancias.
Pero más allá de la retórica, la historia ya se escribió: la Corte mexicana ha demostrado que, en materia de impuestos, la justicia no distingue tamaños de fortuna ni apellidos.
Así sea... en adelante.