Texto y foto: Robin Canul
TENABO, CAMPECHE.- La consulta indígena en el sureste
mexicano por el Tren Maya inició bajo omisiones y condicionantes.
En este municipio, en una de las cinco entidades donde se
realiza la consulta, el funcionario Iván Ramos Méndez, representante del
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) , explicó que durante la primera
etapa, la de difusión de información -paradójicamente- no se informará sobre
las afectaciones y consecuencias del proyecto.
La consulta para la realización del Tren Maya tiene tres
etapas: difusión de información, deliberación y votación. Este viernes se
trataba de que los pobladores recibieran la información en una asamblea
regional para llevar después deliberar en sus comunidades y votar en las urnas
el 14 de diciembre.
Ramos dijo que será en la etapa deliberativa donde se realizará
un debate y se tomarán acuerdos específicos, bajo el argumento de cumplir el
proceso de consulta.
“Después de que terminemos la asamblea de información,
ustedes van a tener que regresar a sus comunidades y por su conducto puedan
compartir esta información hacia adentro de sus asambleas, y una vez que
ustedes tengan la anuencia, nos podamos ver el 14 de diciembre en este mismo
espacio”, explicó.
Otro funcionario federal, Sergio López Olvera, subdirector
jurídico consultivo corporativo de Fonatur, insistió en la misma postura de
reservar la información a los ejidatarios.
“La idea es que la siguiente fase deliberativa sea donde
demos respuesta a todas sus inquietudes”, dijo en entrevista con Pie de Página.
López Olvera negó que se haya otorgado información
incompleta, a pesar de que no respondió la mayoría de las preguntas de los
pobladores.
El funcionario sostiene que sí se cumplen todos los
requisitos del convenio 169 de la OIT, al realizar solamente dos de las cinco
etapas de consulta que marca la normativa internacional.
Dudas
sin aclarar
Después de que los funcionarios de Fonatur dieron información
sobre los beneficios del Tren Maya, vinieron los cuestionamientos de los
pobladores.
José Rigoberto Huchín Uc, comisario de Tenabo, cuestionó
sobre la existencia de una empresa privada contratada por la dependencia, que
ha sido intermediaria entre el ejido y el proyecto.
El comisario de Calkiní pidió a los funcionarios aclarar el
trato al que pretenden llegar sobre la venta de tierras para el tren. Los
ejidatarios, recalcó, están muy informados sobre las deudas que tiene la
empresa ferroviaria existente. Saben de los adeudos pendientes de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes con los campesinos del territorio ejidal de
Calkiní.
El funcionario de Fonatur respondió que esas decisiones se
tomarán una vez que sea aprobado el Tren.
Las dudas prevalecieron pese a que en la asamblea hubo
funcionarios federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente; la Procuraduría Agraria; la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Gobernación; la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, además de observadores de la
CNDH, ONUDH, Codehcam.
Los ejidatario se fueron con otras dudas sin resolver. Cuáles
son los porcentajes de inversión pública y privada que tendrá el Tren, cuál
será el derecho de vía, qué pasará con las familias afectadas…
Los funcionarios tampoco informaron habitantes de qué zonas
serán reubicados. No hablaron sobre precios de pasaje, ni qué empresas privadas
operan para Fonatur. Ni esclarecieron sobre los posibles pagos por
indemnización de la tierra o sobre si habrá expropiaciones.
El ejidatario Esteban Cohuo Poot, del ejido de Suc Tuc,
recalcó que por los megaproyectos en la región, como la siembra de transgénicos
en Hopelchén, los pobladores padecen
daños ambientales y problemas de salud.
El Fonatur y el INPI esperaran que sean las autoridades
municipales y ejidales quienes lleven y repliquen la información para deliberar
el próximo 14 de diciembre.
Violación
a estándares internacionales
El antropólogo e investigador Rodrigo Llanes Salazar advirtió
que este proceso acelerado implica una grave violación a los estándares
internacionales, toda vez que 15 días no son suficientes para desahogar dudas y
lograr consensos de trabajo para la elaboración de un protocolo en apego al
convenio 169 de la OIT.
Llanes Salazar consideró que no existe información pública,
hay decisiones que no serán sujetas a consulta, toda vez que se trata de un
proceso ya definido.
De acuerdo con Llanes, las consultas deben ser procesos de
diálogo intercultural cuya duración no ser definirse de antemano. Los
estándares internacionales no contemplan una duración específica del proceso de
consulta, pero difícilmente en 15 días podrá entablarse un diálogo
intercultural sobre un proyecto de la magnitud del tren maya
La población en general en la zona no fue convocada.
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