José de la Paz Pérez /
Hay asuntos que no deberían utilizarse como leña para incendiar viejas confrontaciones políticas. Pero también hay asuntos que, por su gravedad, no pueden convertirse en ceniza ni quedar sepultados por el paso del tiempo.
El caso Ayotzinapa pertenece precisamente a esa categoría.
Por eso me parece pertinente la postura expresada por la diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández, frente al proceso iniciado contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Tiene razón la legisladora cuando plantea que no se debe hacer leña del árbol caído, pero también cuando advierte que eso no significa cerrar anticipadamente una investigación ni declarar inocente o culpable a nadie antes de que las autoridades concluyan su trabajo.
Y es que en México tenemos una peligrosa costumbre: convertir los procesos judiciales en capítulos de la disputa política.
Cuando se investiga a un adversario, algunos celebran antes de conocer las pruebas; cuando se investiga a alguien cercano, otros se apresuran a defenderlo. En ambos casos, la justicia termina convertida en espectáculo.
Ayotzinapa merece algo distinto.
Han pasado casi doce años desde aquella noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Doce años de preguntas, dolor, incertidumbre y una búsqueda que no puede reducirse a intereses partidistas ni a discursos coyunturales.
Como dice la diputada Bazán Fernández, lo que debe prevalecer es la justicia y la verdad.
Y eso implica algo tan sencillo como fundamental: que se investigue a quien tenga que investigarse, sin importar su nombre, su cargo, su partido político o el poder que alguna vez haya tenido. Pero también implica que nadie sea condenado públicamente antes de que existan pruebas y una resolución de las autoridades competentes.
Ni linchamiento ni impunidad.
Porque una cosa es exigir justicia y otra muy distinta es confundir justicia con condena anticipada. La primera necesita pruebas, investigación, debido proceso y resoluciones firmes. La segunda solamente necesita un micrófono, una acusación y una sociedad cansada de esperar.
Los padres y madres de los 43 no necesitan que los políticos se peleen entre ellos utilizando el nombre de sus hijos. Necesitan respuestas.
Necesitan saber qué ocurrió. Necesitan que se sigan todas las líneas de investigación. Necesitan que, si existen responsabilidades, éstas sean determinadas conforme a derecho. Y necesitan, sobre todo, que el caso no vuelva a ser archivado por conveniencias políticas o institucionales.
Tiene razón Marisol Bazán cuando señala que los derechos de los 43 estudiantes y de sus familias están por encima de cualquier disputa política.
Ese debería ser el punto de encuentro.
Porque investigar no significa condenar. Defender el debido proceso no significa defender la impunidad. Y exigir justicia tampoco significa tener licencia para convertir a una persona en culpable antes de que un tribunal determine su responsabilidad.
En el caso Ayotzinapa, la sociedad guerrerense y mexicana ya ha esperado demasiado.
Por eso, si hoy existe una nueva etapa de investigación, que se llegue hasta el fondo. Que se desahoguen las pruebas. Que se abran las líneas que tengan que abrirse. Que se llame a declarar a quien corresponda. Que nadie sea protegido por su pasado político, pero que tampoco nadie sea sacrificado para satisfacer la necesidad de encontrar un culpable.
La justicia no necesita leña.
Necesita verdad.
Y si para encontrarla hay que investigar a un exgobernador, a un funcionario, a un integrante de alguna corporación o a cualquier otra persona, que se haga. Pero siempre bajo las reglas de la ley.
Porque al final, ni leña ni impunidad.
Ni utilizar el dolor de los 43 para ajustar cuentas políticas, ni utilizar el debido proceso como pretexto para cerrar investigaciones.
Lo que corresponde es mucho más difícil, pero también mucho más digno: verdad, justicia, pruebas y responsabilidad.
Eso es lo que han esperado durante casi doce años las familias de Ayotzinapa.
Y eso es, finalmente, lo que les debemos.