José de la Paz Pérez /
El Congreso de Guerrero analiza los retos para convertir en acciones concretas los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y afromexicanos
Chilpancingo, Gro., 19 de agosto de 2026.- El Congreso de Guerrero abrió un espacio de análisis para avanzar hacia una nueva etapa en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
A través de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y en coordinación con el Gobierno del Estado, el INPI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Autónoma de Guerrero, se realizó el panel “De la Reforma Constitucional a la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
El encuentro tuvo como objetivo analizar los alcances de la reforma constitucional de 2024 y, sobre todo, los retos que existen para llevarla a la práctica.
Uno de los temas centrales fue la construcción de una Ley General que permita convertir los derechos reconocidos en la Constitución en acciones concretas y políticas públicas.
Durante el panel, legisladores coincidieron en que no basta con reconocer derechos en la ley. Es necesario crear las condiciones para que estos se reflejen en una mejor calidad de vida para las comunidades.
Participaron Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política; Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva; Pánfilo Sánchez Almazán, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
Los legisladores destacaron la importancia de fortalecer el marco jurídico y establecer mecanismos que permitan cumplir de manera efectiva con los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, participó Abel Bruno Arriaga, secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El funcionario señaló que Guerrero vive una etapa de transformación institucional, a partir del reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público.
Este reconocimiento representa un cambio importante, porque coloca a estos pueblos como actores con derechos propios y no solamente como beneficiarios de programas gubernamentales.
El reto, ahora, será que la reforma constitucional y la futura Ley General se traduzcan en hechos: mayor participación, respeto a sus decisiones y mejores condiciones de vida para las comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero.
El panel marcó así un paso relevante en la discusión de un nuevo marco legal que busca pasar del reconocimiento de derechos a su cumplimiento efectivo.
Los panelistas fueron: Adelfo Regino Montes, director general del INPI; la diputada Catalina Apolinar Santiago, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, Luis Enrique Cordero Aguilar, representante de la SCJN y Tarsila Molina Guzmán, presidenta municipal de San Nicolás. Como moderador participó Marcos Matías Alonso.
Destacaron por su presencia: las diputadas Marisol Bazán Fernández, Glafira Meraza Prudente, Aracely Ocampo Manzanares y Gladys Cortés Genchi, así como los diputados Héctor Suárez Basurto, Carlos Eduardo Bello Solano y Edgar Ventura de la Cruz; presidentas y presidentes municipales, autoridades comunitarias, representantes de instituciones y defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.