Redacción / Revista Acapulco
*La diputada Claudia Sierra Pérez presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, con el fin de obligar a los ayuntamientos a promover la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la toma de decisiones, establecer mecanismos de consulta permanente y destinar recursos con enfoque intercultural para impulsar su desarrollo y garantizar el respeto a sus derechos
Chilpancingo, Gro., 07 de julio de 2026.- La diputada Claudia Sierra Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para reforzar las atribuciones de los ayuntamientos en materia de promoción y protección de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, impulsando su participación en la toma de decisiones y una asignación de recursos públicos con enfoque intercultural y de inclusión.
La legisladora de Morena indicó que esta propuesta de reforma y adiciones al artículo 69 Ter del citado ordenamiento deriva de la reciente reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a estos grupos como “sujetos de derecho público”.
En ese sentido, resaltó que “es indispensable que la normativa local evolucione para obligar a las autoridades municipales a actuar bajo los principios de interculturalidad, libre determinación y autonomía”.
Explicó que la iniciativa introduce tres ejes fundamentales de actuación para los ayuntamientos: la obligación de promover y respetar los derechos humanos con un enfoque de no discriminación; el establecimiento de mecanismos obligatorios de consulta y vinculación permanente con los representantes comunitarios; y de manera estratégica, la asignación de presupuesto progresivo con enfoque intercultural.
Sobre este último punto, Sierra Pérez enfatizó que la justicia social requiere respaldo financiero. Por ello, la reforma plantea que los presupuestos de egresos municipales contemplen recursos destinados específicamente al desarrollo integral y bienestar de las comunidades originarias, garantizando que su ejecución se rija bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.
Precisó, asimismo, que dicha iniciativa armoniza el derecho municipal guerrerense con el nuevo paradigma constitucional federal, marcando un paso firme hacia un gobierno local más democrático, incluyente y comprometido con la realidad pluriétnica de la entidad.
Resaltó, por último, que este marco legal pretende que los municipios dejen de ser espacios de gestión administrativa tradicional, para convertirse en instancias activas de protección y promoción de la identidad de los pueblos Náhuatl, Tu'un Savi, Me'phaa, Nn'anncue Ñomndaa y Afromexicano, asegurando que sus prioridades sean el eje central de las políticas locales.