Redacción / Revista Acapulco
*El diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales con el propósito de sancionar a quienes se ostenten falsamente como integrantes de pueblos indígenas o afromexicanos para acceder a candidaturas de acción afirmativa
Chilpancingo, Gro., 19 de julio de 2026.- Con el objeto de blindar las acciones afirmativas como legítimos instrumentos de justicia constitucional y erradicar la usurpación de candidaturas exclusivas, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En la propuesta que -de ser aprobada- será elevada a la consideración del Congreso de la Unión, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena plantea adicionar la fracción XI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para sancionar con severidad a toda persona que con dolo se ostente como integrante de un pueblo originario o afromexicano, sin acreditar un vínculo cultural, histórico, territorial o comunitario, con el único fin de acceder a una postulación reservada.
Agrega que, además de las penas correspondientes, a los infractores se les impondrá la inhabilitación para contender por candidaturas o ejercer cargos públicos por hasta dos procesos electorales.
De igual manera, se prevén sanciones económicas y administrativas para los partidos políticos que incurran en estas simulaciones, y se mandata a las autoridades electorales a fijar mecanismos estrictos de verificación para la autoadscripción calificada.
Sánchez Almazán enfatizó que esta conducta dolosa altera la equidad antes de la emisión del voto, distorsiona la competencia y daña la autenticidad de la oferta política, hecho por el cual, dijo, la tipificación penal resulta necesaria, idónea y proporcional para cubrir este vacío legal, alineándose con los criterios protectores emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su correspondiente análisis y dictaminación.