José de la Paz Pérez /
Hay temas que no admiten cálculos políticos ni discursos vacíos. Cuando una niña es víctima de un presunto delito tan grave como una violación, la única postura posible es exigir que las autoridades hagan todo lo que esté a su alcance para protegerla.
Eso fue precisamente lo que hizo la diputada local Marisol Bazán Fernández al presentar un Punto de Acuerdo que el Congreso de Guerrero aprobó para pedir a la Fiscalía General del Estado que refuerce la protección de una menor de Coyuca de Benítez, presunta víctima de violación agravada.
La propuesta no busca condenar a nadie antes de que concluya el proceso judicial. Lo que pide es algo mucho más elemental: que la víctima no quede desprotegida mientras la justicia hace su trabajo.
Marisol Bazán solicita que la Fiscalía revise si las medidas cautelares impuestas al imputado son suficientes frente a la gravedad del caso, fortalezca la seguridad de la menor y mantenga informado al Congreso sobre las acciones que está realizando.
Parece una petición sencilla, pero en realidad toca uno de los mayores retos del sistema de justicia: que las víctimas no tengan que enfrentar solas el proceso, con miedo o incertidumbre.
Con frecuencia, cuando un caso llega a los tribunales, toda la atención se concentra en el procedimiento legal, mientras que la víctima queda relegada a un segundo plano. La diputada plantea que eso no puede ocurrir cuando se trata de una niña, porque el interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier otra consideración.
Su postura también recuerda que el Estado tiene obligaciones muy claras. No basta con abrir una carpeta de investigación; también debe garantizar protección, acompañamiento y condiciones para que la víctima pueda transitar el proceso sin nuevos riesgos.
El exhorto aprobado por el Congreso tiene además un componente importante de rendición de cuentas. Al pedir que la Fiscalía informe sobre las acciones emprendidas, se busca que exista seguimiento institucional y que el caso no quede en el olvido.
En un estado donde la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes sigue siendo un desafío permanente, la iniciativa de Marisol Bazán envía un mensaje claro: la justicia no puede limitarse a investigar los hechos; también debe proteger a quienes más lo necesitan.
Porque cuando la víctima es una menor de edad, la rapidez, la sensibilidad y la firmeza de las instituciones dejan de ser una opción para convertirse en una obligación. Y esa es, precisamente, la exigencia que hoy pone sobre la mesa la legisladora guerrerense.