José de la Paz Pérez /
En el debate público reciente se ha popularizado el término “Ley antinepotismo” para referirse a la ley impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y aprobada por el Legislativo, que busca impedir que gobernantes hereden el poder a familiares directos.
Sin embargo, el problema reside en el término con el que se refieren a esta ley.
La iniciativa pretende cerrar el paso a las dinastías políticas, pero el concepto de nepotismo —tal como se entiende en la administración pública— no describe exactamente ese fenómeno. Esta confusión semántica ha abierto un resquicio político que los aspirantes a suceder a sus propios familiares en el poder pueden aprovechar.
El nepotismo, en su definición clásica, se refiere al acto de un funcionario que favorece o nombra a familiares dentro de la estructura de su propia administración, otorgándoles cargos o privilegios que no necesariamente obtendrían por mérito. Es decir, implica una relación directa de subordinación o dependencia dentro del aparato gubernamental.
En cambio, lo que la propuesta presidencial intenta evitar es otra cosa: que un familiar busque y obtenga por elección popular el mismo cargo que ocupa o deja un pariente cercano.
Esta diferencia no es menor. Mientras el nepotismo ocurre dentro de la estructura administrativa —cuando un gobernante coloca a un pariente en la nómina pública—, la sucesión familiar en cargos de elección popular ocurre en el terreno electoral.
Bajo esta lógica, muchos aspirantes han encontrado un argumento cómodo: sostienen que no existe nepotismo, porque nadie los está nombrando dentro de la administración; en todo caso, dicen, serán los ciudadanos quienes decidan en las urnas, y tienen razón.
El resultado es una paradoja política. Una ley diseñada para evitar la perpetuación familiar del poder termina enfrentando una crítica que, jurídicamente, tiene cierto sustento: la palabra elegida no corresponde con la conducta que se busca prohibir.
Y cuando el lenguaje de una ley es impreciso, el debate se desplaza del fondo al tecnicismo. Así, en lugar de discutir si las dinastías políticas dañan la democracia, la conversación gira en torno a si realmente se está hablando de nepotismo.
Más que una “ley antinepotismo”, la propuesta tendría mayor claridad si se presentara como una reforma contra la sucesión familiar inmediata en cargos públicos o contra las dinastías políticas.
Nombrar correctamente el problema no es un asunto menor: en política y en derecho, las palabras importan. Un concepto mal utilizado puede debilitar la legitimidad de una reforma que, en esencia, busca fortalecer la equidad democrática.
El desafío no está sólo en la norma aprobada, sino en definir con precisión el fenómeno que se quiere combatir.
De lo contrario, la llamada “Ley antinepotismo” corre el riesgo de convertirse en un ejemplo de cómo una buena intención política puede quedar atrapada en una mala definición.
Y en política, como en el derecho, la claridad del lenguaje suele ser la primera condición para que una reforma funcione.
Y en todo caso, la ley de la presidenta Sheinbaum entrará en vigor hasta 2030, por lo que ni Morena, ni otro partido político, puede legalmente prohibir la participación de familiares directos del gobernante en turno en las elecciones de 2027.
Pesa más la Constitución Política de México, que lo que determine partido político alguno.
Lo demás es... Cuestión de enfoques.