José de la Paz Pérez /
La figura del desafuero siempre ha tenido un doble filo en la política mexicana: se presenta como un instrumento de rendición de cuentas, pero al mismo tiempo suele utilizarse como herramienta de presión o negociación.
El caso de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI y actual senador, es un ejemplo claro de esa tensión entre lo jurídico y lo político.
La Fiscalía de Campeche ha solicitado su desafuero al acusarlo de desvío de recursos públicos por más de 83 millones de pesos, peculado, abuso de autoridad y otros delitos.
El expediente ya se encuentra en la Cámara de Diputados, en manos de la Sección Instructora, que deberá analizar si hay elementos suficientes para retirarle la inmunidad.
No es la primera vez: en 2022 se presentó un intento fallido por enriquecimiento ilícito que terminó desechado por inconsistencias legales.
Hoy, sin embargo, el escenario es distinto. El peso político de Moreno se ha mantenido por su liderazgo al frente del PRI y su capacidad de maniobra en negociaciones legislativas.
En el Senado y en la Cámara de Diputados no hay consenso pleno para proceder contra él. El procedimiento exige mayoría simple, y ahí es donde la política se vuelve más decisiva que las pruebas mismas.
Los obstáculos son evidentes. Moreno cuenta con fuero y con un equipo legal que ya ha logrado obtener amparos frente a procesos previos.
Además, ha enmarcado las acusaciones como parte de una “persecución política” para debilitar a la oposición, un argumento que, si bien puede sonar a estrategia defensiva, encuentra eco en la manera en que otros desafueros han terminado convertidos en moneda de cambio entre partidos.
Lo que está en juego no es sólo la carrera política de Alejandro Moreno, sino también el mensaje que el Congreso y el sistema de justicia envían a la ciudadanía.
Si el proceso se dilata o se frena en negociaciones tras bambalinas, reforzará la percepción de que el fuero sigue siendo un escudo de impunidad.
Si, en cambio, prospera y se logra probar la culpabilidad del senador, marcará un precedente en la lucha contra la corrupción, aunque inevitablemente con el sabor agridulce de un juicio politizado.
En este momento, la probabilidad de que el desafuero avance puede catalogarse como intermedia: hay suficientes elementos jurídicos para que proceda, pero también poderosos incentivos políticos para frenar o negociar.
El desenlace dependerá menos de las carpetas de investigación que de las alianzas en San Lázaro y el Senado.
El caso Moreno es, en suma, un espejo de la política mexicana: un terreno donde justicia y cálculo se confunden, donde el combate a la corrupción y la pugna por el poder se entrelazan hasta volverse indistinguibles e incluso inseparables.