José de la Paz Pérez /
*Una joven de 17 años perdió la pierna tras ser arrollada por una lancha en zona restringida. El operador huyó. El caso desnuda una omisión persistente de las autoridades frente a prestadores turísticos que operan sin control
La tragedia ocurrida en Playa Condesa no fue un accidente. Fue una consecuencia directa del desorden, la omisión y la permisividad con que durante años se ha dejado operar a prestadores de servicios acuáticos en Acapulco, particularmente en la franja más concurrida del puerto.
Una lancha recreativa —de las que remolcan inflables como la popular “banana”— irrumpió a toda velocidad en una zona claramente destinada a bañistas, donde decenas de turistas disfrutaban del mar. Arrolló a una adolescente de 17 años y le causó la amputación de su pierna derecha.
El operador, lejos de auxiliarla, huyó. El crimen es doble: por la negligencia que causó una mutilación irreversible y por la cobardía de abandonar a una víctima desangrándose en la playa.
Pero este no es un caso aislado. Es un patrón de comportamiento. Cualquiera que haya estado en playas como Condesa, Papagayo o Puerto Marqués lo ha visto: lanchas entrando a zonas restringidas, operando a toda velocidad entre los bañistas, sin respeto por la normativa ni por la vida humana.
Por el bien de los turistas, ya es hora de poner orden en el mar
Esas embarcaciones no solo cruzan zonas de uso exclusivo para bañistas, sino que además obligan a los turistas a nadar con miedo, a esquivar motores, a cuidarse más del turismo de aventura que del mar mismo.
¿Por qué se les permite esto? A los transportistas terrestres se les exigen licencias, verificaciones, seguros, y hasta los multan por invadir un carril indebido. ¿Por qué en el mar es diferente? ¿Por qué el turismo acuático —uno de los más riesgosos— se maneja con tal grado de impunidad? ¿Cuántos incidentes más son necesarios para que las autoridades tomen el control?
Hoy, una joven turista regresará a casa sin una pierna, y su vida ha cambiado para siempre. No es justo. No es justo para ella, para su familia ni para los miles de turistas que confían cada año en que Acapulco será un destino seguro.
Las autoridades deben intervenir con urgencia. No más operativos mediáticos ni simulaciones: se necesita reglamentación firme, supervisión diaria y sanciones ejemplares. Así como se ordenó el transporte público terrestre, debe ordenarse el marítimo.
La seguridad del mar no puede depender de la suerte ni del criterio de un lanchero sin control.
Que esta tragedia no quede impune ni se diluya entre el bullicio de la temporada. Porque no se trata de turismo, se trata de vidas.
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