Con fecha 30 de septiembre del 2021, el
Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, envío a la Cámara de Diputados, y publicada en la Gaceta
Parlamentaria Número 5877-I, con fecha 1 de octubre de 2021, Iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.
Esta iniciativa propone un nuevo sistema
eléctrico mexicano en el cual el Estado recupera la conducción del sistema
eléctrico nacional, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que
se convierte en organismo del Estado, responsable de su planeación y control,
autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración.
La CFE preservará la seguridad
energética, la autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de
energía eléctrica a toda la población, para garantizar el derecho humano a la
vida digna.
La reforma propuesta establece la
electricidad como área estratégica a cargo del Estado, en los términos que
históricamente fundaron el desarrollo eléctrico nacional; incorporando la
generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la
energía eléctrica como procesos indivisibles.
La CFE se integra como un solo organismo
del Estado en forma vertical y horizontal y mantendrá la Subsidiaria CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos y las Filiales CFEnergía, CFE
Internacional y CFE Capital. Se cancela su estricta separación legal.
El Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE) se incorpora a la Comisión Federal de Electricidad.
El Estado, a través de la Comisión
Federal de Electricidad llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica
de manera exclusiva.
La CFE generará por lo menos el 54
por ciento del consumo eléctrico nacional de manera permanente. Esta
proporción es indispensable para que se pueda garantizar el abastecimiento y
control de un insumo necesario para toda actividad social y económica.
Se propone una colaboración en
generación eléctrica entre la CFE y el sector privado, que sea honesta y de
buena fe, al servicio de la Nación.
Las actuales inversiones en generación
eléctrica legítimas del sector privado, podrán participar en la generación
hasta el 46% por ciento del consumo eléctrico nacional, sujetas a la planeación
y control del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE.
Este 46 por ciento, se incorporará
mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en
procedimientos de competencia. La CFE, a través del CENACE, despachará en orden
de mérito de costos de producción, sujetándose a los requerimientos de
seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
La energía eléctrica requerida en el
país que se reconoce a la inversión privada es la que sustentó a los modelos
que se anulan de; centrales de Productores Independientes de Energía, sin
considerar excedentes ilegales; centrales de Subastas de Largo Plazo, centrales
eléctricas construidas a partir de la legislación derivada de la reforma
energética de 2013, centrales eléctricas de autoabastecimiento auténtico, que
hayan operado conforme a los términos legales establecidos en la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica.
La instrumentación del sistema eléctrico
que se plantea en esta iniciativa, requiere la cancelación de todos los
permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de
electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las
solicitudes de resolución.
La generación procedente de las
modificaciones a los permisos de Autoabastecimiento que fueron otorgados en
contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, lo que constituye una ilegalidad, no será reconocida, ni adquirida
por la CFE. Igualmente, la generación excedente de los Productores
Independientes de Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso
original de la central, tampoco será reconocida. El Estado no puede reconocer
mecanismos flagrantemente ilegales.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se
reincorpora a la CFE, mientras que se suprimen los órganos reguladores como la
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía,
cuya estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía.
En ese sentido, se establece que el Estado “queda a cargo
de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas
las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las
emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá
políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición”.
En la Iniciativa, se destaca, que la
central de la CFE no es despachada y el contrato financiero de largo plazo le
obliga a entregar energía que no tiene, a Suministro Básico, la CFE se ve
forzada a comprar energía y capacidad a los generadores privados a precios
elevados.
La pérdida económica por la energía no
despachada, más la compra a privados representa la cantidad de $438,3 mil
millones de pesos anualmente.
La Subsidiaria CFE Suministro Básico, es
responsable de entregar la energía a los 46.2 millones de usuarios, está
impedida legalmente para adquirir la energía de las centrales propias de CFE,
por lo que es obligada por la reforma a comprar dicha energía a los privados a
través de subastas de largo plazo, la mayoría renovables. Otro beneficio a los
generadores privados.
Un aspecto de gran importancia que se
destaca, es el referente a las Sociedades de Autoabastecimiento, otro de los
esquemas sustentados en la ilegal aplicación del 2° Transitorio de la Ley de la
Industria Eléctrica, es un generador que simula tener múltiples socios que en
realidad son clientes. Ilegalmente, se atribuye a dichos clientes privilegios
que les concedía la Ley derogada a los socios genuinos, privilegios de despacho
con prioridad con un programa fijo de generación. Cometen fraude a la ley
porque no son verdaderos socios, sino clientes a quienes les facturan la venta
de energía, incurriendo además en fraude fiscal. Otro despojo a la CFE, es la
tarifa de porteo tipo estampilla postal, que no cubre el costo real del
transporte de la energía, lo anterior ocasiona que se altere el orden del
despacho de energía, dándole ventaja a las que presenten ofertas de localidades
más distantes que saturan las redes eléctricas sin el correspondiente pago, lo
que genera un daño a la CFE y, por ende, el erario. Actualmente se tienen 239
centrales eléctricas de autoabastecimiento. Aprovechando estas ventajas
ilegales en estas sociedades se han acomodado 77,767 grandes consumidores “socios
clientes”, creando monopolios privados a los cuales no tiene acceso la CFE y
que no fueron resultado de la competencia económica, sino de la sustracción
ilegal de los grandes clientes de la CFE.
En relación con la
Reforma eléctrica, Roberto Noguez, en su artículo “Reforma eléctrica podría
costarle 85,000 mdd y el grado de inversión a México: Citibanamex), publicado
en Forbes, 14 de octubre de 2021), destaca el
estudio de Citibanamex, titulado
“¿Tercer strike? La política y los costos de la reforma eléctrica de AMLO” la
aprobación de la Reforma Eléctrica, no solo provocaría costos de alrededor de
85,000 millones de dólares en daños potenciales y compensación a privados, sino
que afectaría la perspectiva macroeconómica de México que resultaría en la
pérdida del grado de inversión del país, podría ser un nuevo golpe para la
confianza de las empresas y los inversionistas, una amenaza para la estabilidad
financiera. Y es que generaría una menor competencia en el sector energético y
mayores costos de generación y distribución, además de una disminución
adicional de la confianza empresarial y menor inversión, hasta un posible
desmoronamiento del marco institucional.
La
postura empresarial, se da a conocer
por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en la publicación “Una reforma que lastima a México. Consecuencias
de una eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en
materia eléctrica”. La reforma pretende cambiar el modelo eléctrico
nacional. De aprobarse:
·
Destruiría
el mercado. Eliminaría los tres pilares que requiere para operar: un regulador
autónomo (CRE), un operador independiente (CENACE), y un despacho eficiente de
la electricidad. La reforma haría de la CFE juez y parte en el sector.
Invertiría el orden de despacho eléctrico para privilegiar plantas sucias y
caras de CFE sobre las limpias y de bajo costo.
·
Crearía,
en la práctica, un monopolio. Sectores que hoy están regidos por la garantía de
competencia y libre concurrencia – como la generación, suministro y
comercialización eléctrica – quedarían reservados al Estado y controlados por
CFE. Los generadores sólo podrán venderle a CFE y los consumidores sólo podrán
comprarle a CFE, a las tarifas que esta disponga.
·
Cancelaría
todos los permisos y contratos vigentes, sin causa justificada, con efectos
confiscatorios sobre 44,000 mdd de inversión privada. Obligaría a las plantas
privadas a dejar de producir energía al momento de su publicación, pues les
quitaría arbitrariamente el permiso para hacerlo.
Si
la reforma se aprueba, habría cuatro implicaciones graves para México:
1.
Incrementaría el costo de la electricidad. Privilegiaría
generación eléctrica de CFE, que es hasta 252% más cara que la del sector
privado. Obligaría a las empresas a comprar energía a CFE a precios mucho más
altos, generando presiones inflacionarias.
2.
Generaría un boquete en las finanzas públicas y la
economía nacional. El costo de producción total subiría en al menos 62,100
millones de pesos anuales, 621, 000 mdp en una década. En conjunto con el
subsidio eléctrico, los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos.
3.
Cancelaría la
transición energética. México se volvería un obstáculo en la lucha global
contra el cambio climático, yendo en contra de lo que el 85% de la población
exige: que se usen más energías limpias. En lugar de lograr sus metas, México
incrementaría sus emisiones de gas efecto invernadero en más de 46%.
4.
Violaría tratados internacionales que firmó México.
Obligaría a los inversionistas a acudir a paneles internacionales, como los del
T-MEC, para proteger 44 mil millones de dólares de inversión en riesgo de
confiscación y expropiación indirecta. También expondría a México a
controversias internacionales Estado – Estado.
Como
parte de la glosa al Tercer Informe de Gobierno, el director general de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, se presentó el
día 27 de octubre de 2021 a comparecer ante las Comisiones Unidas de
Infraestructura y Energía de la Cámara de Diputados.
Explicó que con la Reforma Eléctrica la CFE tendría más
instrumentos para mantener las tarifas bajas. Aclaró que la CFE no recibe
subsidios, sino que la Secretaria de Hacienda le otorga transferencias para
apoyar a los hogares y usuarios agrícolas. Las finanzas de la CFE son sólidas:
tiene sus propios ingresos, incluso contribuye al presupuesto federal. Asimismo
informó que CFE genera la mayor parte de las energías limpias del país, 56%, y
que está trabajando para migrar su parque de generación hacia fuentes
renovables como parte de un esfuerzo de Estado. En 2021, CFE está generando 37%
de su energía con fuentes renovables.
El
director general también abundó sobre el daño que la reforma de 2013 ha hecho a
la CFE y sus finanzas:
·
Mientras
que la reforma de 2013 establecía que las plantas se despacharían por costo, un
acuerdo de la Secretaría de Energía del sexenio anterior lo dividió en
"costo fijo" y "costo variable". El primero se refiere al
costo de las plantas y el segundo al costo de los combustibles con que se
genera. La separación fue diseñada para beneficiar sistemáticamente los
negocios de inversionistas extranjeros y dejar siempre atrás a la CFE. Si se
hiciera al revés la CFE despacharía primero porque sus plantas ya están
amortizadas y su costo fijo es bajo. La Reforma Eléctrica busca poner orden en
el despacho al establecer que se tome en cuenta, de nuevo, solo el costo – sin
divisiones arbitrarias.
·
Las
energías intermitentes entran y salen del sistema eléctrico de acuerdo a las
variaciones del sol y el viento. La CFE ofrece el respaldo a estos generadores
al mantener encendidas plantas que compensan sus variaciones, a un costo de
40,000 mdp anuales para las finanzas públicas.
·
En
respuesta a quienes argumentan que la reforma de 2013 supuestamente dejó a CFE
el control de la Transmisión y Distribución, explicó que en los hechos son la
Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía
quienes las controlan, pues establecen tarifas y deciden quién se conecta
dónde. Hoy en día, estos dos organismos cuyos integrantes no son responsables
políticamente ni electos por los mexicanos, tienen tomadas esas facultades
estratégicas del Estado.
El
director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, concluyó su comparecencia con un
llamado a los diputados para defender a la CFE, una empresa de todos los
mexicanos, construida con décadas de esfuerzo, inversión y mucho trabajo.
Destruir a la CFE sería un suicidio, por eso el presidente ha propuesto cambiar
la Constitución y terminar con los abusos de la reforma de 2013.
Si México
no retoma el control de su sistema eléctrico, a través de la CFE, estaremos a
merced de los intereses extranjeros. El destino del país depende de la
electricidad.
De acuerdo a lo expuesto, la Reforma Eléctrica se circunscribe en que México recobre su soberanía energética, para una mejor comprensión, se cita la definición de Juan Pablo Galeano Rey, docente investigador de la Universidad Libre y Universidad del Rosario Colombia, “Soberanía energética es la propia capacidad de una comunidad política para ejercer el control y la potestad (entendida como autoridad) y para regular de manera racional, limitada y sustentable la explotación de los recursos energéticos, conservando un margen de maniobra y una libertad de acción que le permita minimizar los costos asociados a las presiones externas de los actores estratégicos que rivalizan por la obtención de esos recursos”.
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