José de la Paz Pérez /
La propuesta de Marisol Bazán Fernández sobre la honradez en el manejo de los recursos públicos adquiere hoy una relevancia política que difícilmente puede ignorarse.
La diputada de Morena planteó desde tribuna que la honradez debe quedar establecida expresamente en la Constitución de Guerrero como una obligación para quienes administran dinero público, y no solo en el Poder Ejecutivo, sino en el Legislativo y Judicial.
La propuesta no fue una recomendación, no fue una declaración de buenas intenciones y tampoco únicamente como un principio contenido en leyes secundarias, sino como una ley con vida propia.
La iniciativa fue presentada antes de que el Congreso quedara envuelto en el escándalo financiero que hoy investiga la Fiscalía General del Estado.
Y aunque jurídicamente son asuntos distintos, políticamente resulta inevitable advertir la coincidencia: mientras Bazán hablaba de controles, rendición de cuentas y responsabilidad en el manejo del dinero del pueblo, ahora el Poder Legislativo enfrenta cuestionamientos precisamente sobre la administración de recursos.
Eso coloca a la propuesta en una perspectiva diferente.
Marisol fue clara: quien ocupa un cargo público no es propietario del poder ni del presupuesto. Es depositario de una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica actuar sin amiguismos, complicidades o intereses particulares.
No parece un planteamiento menor cuando hoy se investiga un presunto esquema relacionado con cheques, firmas y recursos del Congreso, y cuando la propia investigación tendrá que establecer quién autorizaba, quién firmaba, quién cobraba y quién tenía la obligación de supervisar.
Pero hay otro aspecto político que tampoco debería perderse de vista.
Marisol Bazán nunca estuvo políticamente alineada de manera automática con Jesús Urióstegui.
Su distancia fue visible durante buena parte de la Legislatura. Y no se limitó a gestos políticos: en su momento formuló críticas concretas sobre la conducción del Congreso, entre ellas la ausencia de una verdadera agenda legislativa.
Eso le permitió construir una posición propia.
Marisol ha sido una diputada con voz propia dentro de Morena. Ha expresado desacuerdos cuando ha considerado que determinadas decisiones del movimiento no eran las correctas, pero sin convertir esas diferencias en una ruptura política.
Ha mantenido disciplina.
Y esa combinación no es sencilla en política: tener criterio propio sin abandonar el proyecto al que se pertenece.
Quizá por eso su iniciativa sobre la honradez merece ser leída más allá de la coyuntura actual.
No fue presentada como un ataque contra una persona ni como una acusación contra una administración determinada. Su planteamiento alcanza a los tres poderes del Estado, municipios, organismos autónomos, partidos políticos, la Universidad Autónoma de Guerrero y todos aquellos entes que manejan recursos públicos.
Porque el problema de fondo no es únicamente saber si hubo o no un delito. Eso tendrá que determinarlo la Fiscalía. El problema político es mucho más amplio: qué tan sólidos son los controles que existen para impedir que los recursos públicos puedan ser utilizados de manera irregular.
Y ahí la propuesta de Bazán toca un punto sensible.
La honradez no debería aparecer únicamente cuando estalla un escándalo. Debería estar incorporada como una obligación permanente de quien administra recursos que no le pertenecen.
Por eso también resulta significativo que Marisol haya planteado modificaciones a 17 artículos constitucionales para darle un carácter transversal a estos principios.
No se trata solamente de decir que los funcionarios deben ser honestos. Se trata de establecer una obligación constitucional que pueda traducirse en mecanismos de vigilancia, prevención, fiscalización y, cuando corresponda, sanción.
El dinero público tiene dueño: el pueblo.
Ese es el argumento central de Bazán.
Y en momentos como el que atraviesa el Congreso, esa idea deja de ser solamente una posición legislativa para convertirse en una exigencia política.
Joaquín Badillo, como actual presidente de la Jucopo, ha dicho que no solapará a nadie. Bien. Esa es precisamente la actitud que debe esperarse de quien tiene hoy la responsabilidad de conducir al Congreso.
La investigación debe llegar hasta donde tenga que llegar, sin importar nombres, grupos o proyectos políticos.
Pero tampoco debería utilizarse el escándalo para fabricar culpables antes de que existan conclusiones oficiales.
Lo que sí puede y debe exigirse es transparencia.
Y aquí aparece nuevamente la propuesta de Marisol Bazán.