José de la Paz Pérez /
*La diputada de Morena pone sobre la mesa un asunto que incomoda, pero que resulta indispensable: quien maneje dinero público debe responder por cada peso y entender que el poder no le pertenece
En el mar de los discursos parlamentarios, hay de todo: algunos que se escuchan en tribuna, que provocan aplausos y que después se pierden entre el trámite legislativo. Pero hay otros que, independientemente de lo que ocurra con una iniciativa, colocan sobre la mesa una discusión que va mucho más allá de una reforma legal.
El planteamiento de Marisol Bazán Fernández pertenece a esta segunda categoría: ¿debe la honradez de quienes administran recursos públicos seguir dependiendo únicamente de la ética personal o debe convertirse en una obligación constitucional explícita?
La diputada de Morena fue contundente al recordar algo que, por logica elemental, a veces parece olvidarse: el dinero público no pertenece a quien temporalmente ocupa un cargo. Pertenece al pueblo. Y detrás de cada peso hay trabajo, impuestos, necesidades y expectativas de ciudadanos que esperan que esos recursos regresen convertidos en obras, servicios, seguridad, salud, educación y bienestar.
Bajo esa lógica, administrar presupuesto público no es una concesión ni un privilegio; es una responsabilidad que debe ejercerse con eficiencia, eficacia, economía y, sobre todo, honradez.
Lo interesante de la iniciativa es precisamente que pretende sacar la honradez del terreno de las buenas intenciones.
Bazán propone que los tres poderes, organismos autónomos, municipios, partidos políticos, la Universidad Autónoma de Guerrero y demás entes públicos queden expresamente sujetos a estos principios. No debería haber excepciones cuando se trata de dinero que tiene el mismo origen: el patrimonio del pueblo.
La propuesta toca 17 artículos constitucionales, pero el mensaje político puede resumirse en una sola idea: nadie que tenga en sus manos recursos del pueblo debería poder alegar después que la obligación de administrarlos correctamente no estaba suficientemente clara.
Y aquí aparece la parte incómoda del asunto. En Guerrero, como en cualquier entidad, hablar de honradez pública necesariamente implica hablar también de vigilancia, rendición de cuentas y sanciones.
Porque la corrupción no comienza necesariamente con un gran desfalco; muchas veces comienza cuando se normaliza el favor, el amiguismo, la complicidad o la utilización de una institución para intereses particulares.
Por eso resulta significativo que la legisladora plantee que quien decide sobre el dinero público debe estar dispuesto al escrutinio. La transparencia no debería verse como una amenaza por quien gobierna; debería ser la garantía de que está haciendo bien su trabajo.
También hay una definición política detrás de la propuesta. Bazán habla de recuperar el sentido social del servicio público y de entender el ejercicio del poder como una obligación frente a la sociedad. Esa afirmación obliga a todos los actores políticos —no solamente a Morena— a mirarse en el espejo.
Porque la honradez no puede ser una bandera que se enarbola contra los adversarios y se guarda cuando toca revisar a los propios. Si la reforma avanza, su verdadero valor no estará únicamente en las palabras que queden escritas en la Constitución, sino en que esas palabras se conviertan en reglas aplicables para todos, sin colores partidistas y sin excepciones.
Quizá el planteamiento más fuerte de Marisol Bazán no sea jurídico, sino político y ético: quien no entiende que administrar recursos públicos significa servir al pueblo, no debería tener la responsabilidad de administrarlos.
La Constitución de Guerrero puede establecer obligaciones, los órganos fiscalizadores pueden revisar y las instituciones pueden sancionar, pero ninguna reforma sustituirá la convicción personal de actuar correctamente.
Lo que sí puede hacer una reforma como ésta es dejar algo perfectamente claro: en Guerrero, manejar dinero público no debe ser un privilegio para enriquecerse, sino un mandato que obliga a rendir cuentas. Y la honradez, desde esa perspectiva, no puede ser opción, sino una obligación.