José de la Paz Pérez /
*La investigación de la FGE por presuntos cobros ilegales, falsificación de firmas y posibles desvíos durante la gestión de Jesús Urióstegui coloca bajo presión su aspiración a la alcaldía de Chilpancingo. El actual presidente de la Jucopo, Joaquín Badillo, advierte: “No voy a solapar a nada ni a nadie”
Decimos que en la vida -y la política es parte de la vida- los tiempos cambian; o que el pasado puede alcanzarte tarde o temprano.
Un día se habla de una candidatura y de quién tiene las mejores posibilidades; al siguiente, el nombre aparece asociado a una investigación que obliga a explicar lo que antes parecía parte del pasado.
Ese es el escenario que hoy enfrenta Jesús Urióstegui García... pero el pasado lo alcanzó muy rápido, apenas doblaba la esquina tras su despedida de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo).
El ex presidente de la Jucopo había comenzado a ser colocado en la conversación política como uno de los fuertes aspirantes de Morena a la Presidencia Municipal de Chilpancingo. Pero el escándalo financiero que acaba de estallar en el Congreso amenaza con modificar radicalmente esa ruta.
No porque una investigación equivalga a una sentencia. No. La Fiscalía tendrá que hacer su trabajo y determinar responsabilidades, sino porque en política la percepción también pesa, y mucho.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por un presunto esquema de cobro ilegal de cheques y posible falsificación de firmas.
El expediente involucra 50 documentos bancarios expedidos a nombre de la diputada Guadalupe García Villalva y a ocho trabajadores del Congreso, sobre quienes el Ministerio Público pidió información laboral para avanzar en las diligencias.
La lista de posibles delitos que aparece en el requerimiento ministerial es particularmente delicada: abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documento, fraude y peculado.
Demasiadas palabras pesadas para un aspirante a gobernar la capital del estado.
Y aunque habrá que esperar las conclusiones de la investigación, el problema político para Urióstegui es evidente: parte de los hechos bajo investigación habría ocurrido durante el periodo en que él encabezaba la Jucopo.
Más aún: entre los señalados aparece Héctor Avilés Cruz, suplente del propio Urióstegui, mientras que fuentes citadas en información periodística atribuyen a integrantes del Congreso la participación en la firma mancomunada de documentos de pago.
Y hay otro dato que no puede pasar inadvertido: testimonios recogidos entre legisladores refieren que las presuntas irregularidades financieras podrían haber afectado a 21 diputados de diferentes fuerzas políticas.
Si esto se confirma, estaríamos hablando de algo mucho más serio que una diferencia administrativa o un simple desorden contable.
Estaríamos hablando de la necesidad de saber cómo funcionaba realmente el aparato financiero del Congreso durante aquella administración, quién autorizaba, quién firmaba, quién cobraba y quién supervisaba.
Y ahí aparece una palabra que en política puede ser demoledora: responsabilidad.
Porque quien aspira a gobernar Chilpancingo no solamente tendrá que demostrar que puede ganar una elección. Tendrá que convencer a los ciudadanos de que puede administrar correctamente los recursos públicos.
El expediente habla también de más de 15 millones de pesos pendientes de comprobación correspondientes al primer semestre del año durante aquella gestión.
Otra vez: falta determinar qué significa exactamente ese monto, quiénes son responsables de su comprobación y si existe alguna conducta ilícita. Pero políticamente el dato es una piedra en el camino.
Y mientras el pasado comienza a ser revisado, el presente tiene un nuevo protagonista: Joaquín Badillo Escamilla, actual presidente de la Jucopo.
Badillo pudo haber optado por el silencio institucional. Pudo haber minimizado el asunto. Pudo haber argumentado que todo se trataba de un problema de la administración anterior.
No lo hizo.
Su respuesta fue breve y contundente:
“No voy a solapar a nada ni a nadie”.
Esa frase puede terminar siendo una de las más importantes de todo este episodio.
Porque si Badillo cumple lo que dijo, la investigación tendrá que llegar hasta sus últimas consecuencias, independientemente de quién resulte involucrado. No importarán amistades, grupos, corrientes internas ni proyectos electorales.
Y eso coloca a Urióstegui frente a un escenario particularmente complicado.
Hasta ahora, la discusión podía ser quién sería el candidato de Morena para Chilpancingo.
A partir de este escándalo, la pregunta puede ser otra:
¿Quién está en condiciones de presentarse ante los ciudadanos sin cargar con las sombras de una administración cuestionada?
Urióstegui tendrá que explicar.
Tendrá que decir qué sabía, qué no sabía, qué se autorizó durante su gestión, quién tenía facultades para manejar los documentos financieros y, sobre todo, qué controles existían para impedir que algo así ocurriera.
La Fiscalía tendrá que determinar si hubo delitos.
El Congreso tendrá que transparentar qué ocurrió.
Y Urióstegui tendrá que enfrentar el costo político de haber encabezado el órgano de gobierno durante el periodo que hoy está bajo la lupa.
Por ahora, su futuro electoral no está cancelado.
Pero tampoco puede decirse que siga intacto.
Su aspiración a gobernar Chilpancingo acaba de entrar en terreno minado.