Redacción / Revista Acapulco
*La diputada local de Morena plantea que ninguna calle, avenida, colonia, escuela o espacio público lleve el nombre de personajes que hayan lastimado al pueblo; pide revisar la memoria histórica de Guerrero y poner en el centro a las víctimas
Chilpancingo, Gro., 17 de agosto de 2026.- La diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández, planteó la necesidad de revisar la nomenclatura de calles, avenidas, colonias y espacios públicos de Guerrero, con el propósito de evitar que lleven los nombres de personajes cuya actuación desde el poder haya quedado vinculada con graves episodios de represión, violaciones a los derechos humanos o hechos que lastimaron profundamente a la sociedad guerrerense.
La legisladora consideró que los espacios públicos también representan una forma de memoria colectiva y que, por ello, el Estado no debería rendir homenaje mediante su nomenclatura a quienes hayan sido señalados por su responsabilidad política o institucional en acontecimientos que dejaron víctimas y heridas aún abiertas.
Entre los casos que servirían como referencia se encuentra el del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, cuyo gobierno quedó marcado por la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, cuando policías estatales asesinaron a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
La gravedad del caso llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a determinar que en los acontecimientos de Aguas Blancas existió una violación grave de garantías individuales y señaló como responsables, entre otros funcionarios, al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a varios integrantes de su administración.
Para Bazán Fernández, mantener en calles, avenidas o colonias los nombres de personajes asociados con episodios de esa naturaleza representa una contradicción frente al deber de preservar la memoria de las víctimas.
Otro episodio que forma parte de esta memoria es la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998 en el municipio de Ayutla de los Libres, durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero.
Un operativo militar en la comunidad dejó 11 personas muertas y posteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en el operativo y en actuaciones posteriores.
Aunque la responsabilidad institucional de los hechos de El Charco corresponde a los elementos y autoridades que participaron directamente en el operativo, el episodio ocurrió durante la administración de Aguirre Rivero, quien había asumido la gubernatura después de la salida de Figueroa Alcocer.
La trayectoria posterior de Aguirre volvió a quedar bajo escrutinio por el caso Ayotzinapa. En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República lo detuvo y posteriormente un juez federal le impuso prisión preventiva por acusaciones relacionadas con desaparición forzada y ocultamiento de evidencia del caso de los 43 estudiantes normalistas.
Se trata de acusaciones que deberán seguir su curso ante las autoridades judiciales y respecto de las cuales existe una defensa que las controvierte.
“La memoria no puede ser selectiva”
En ese contexto, la propuesta de Bazán Fernández buscaría abrir una discusión más amplia: ¿a quiénes debe recordar Guerrero en sus espacios públicos?
La diputada plantearía que los ayuntamientos y el Gobierno estatal realicen una revisión de la nomenclatura existente y establezcan criterios para impedir que calles, avenidas, colonias, escuelas, edificios o monumentos sean utilizados para homenajear a personas vinculadas con violaciones graves a los derechos humanos.
La discusión no se limitaría a los nombres de Figueroa Alcocer y Aguirre Rivero. También podría abarcar a otros personajes de la historia política de Guerrero cuya actuación ha sido objeto de cuestionamientos públicos o investigaciones relacionadas con represión, violencia política o abusos de autoridad, siempre distinguiendo entre una acusación, un señalamiento político, una investigación y una responsabilidad legal acreditada.
En ese contexto histórico aparece también Rubén Figueroa Figueroa, exgobernador de Guerrero y padre de Figueroa Alcocer, cuya administración estuvo vinculada a la llamada Guerra Sucia.
La CNDH ha documentado graves violaciones a derechos humanos cometidas durante ese periodo y, en su Recomendación 98VG/2023, abordó la violencia política ejercida contra población y militantes durante aquellos años.
De hecho, el planteamiento de revisar los homenajes públicos tiene ya un antecedente institucional.
En 2025, la CNDH llamó al Congreso y a las autoridades de Guerrero a revisar la conmemoración de personajes vinculados con la represión y solicitó, expresamente, gestionar que la nomenclatura de calles, monumentos, escuelas y otros lugares públicos que refieran a perpetradores señalados sea revisada desde una perspectiva de memoria histórica y respeto a las víctimas.
Que las víctimas también tengan nombre
La propuesta de Bazán Fernández podría convertirse así en un debate sobre la manera en que Guerrero cuenta su propia historia.
En lugar de perpetuar únicamente los nombres de políticos, gobernadores, caciques o personajes que ejercieron el poder, la legisladora plantearía que también se reconozca a campesinos, estudiantes, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y comunidades que fueron víctimas de la violencia política.
La intención, bajo este planteamiento, no sería borrar la historia, sino evitar que la nomenclatura oficial convierta en homenaje aquello que debería ser objeto de reflexión histórica.
Casos como Aguas Blancas, El Charco, la Guerra Sucia y Ayotzinapa siguen formando parte de la memoria colectiva de Guerrero. Por ello, el debate no sería simplemente sobre cambiar una placa o el nombre de una calle, sino sobre qué personajes y qué valores decide honrar una sociedad.
El planteamiento de la diputada morenista coloca así sobre la mesa una pregunta de fondo: si los espacios públicos pertenecen al pueblo, ¿deben llevar el nombre de quienes lo lastimaron o de quienes contribuyeron a construir una sociedad más justa?
Para Bazán Fernández, la respuesta debería estar del lado de las víctimas y de la memoria histórica.