.png)
José de la Paz Pérez /
*La diputada local de Morena llamó a no utilizar el caso
con fines políticos y a permitir que las autoridades determinen
responsabilidades conforme a las pruebas
Acapulco, Gro., 11 de agosto de 2026.- La diputada
local de Morena, Marisol Bazán Fernández, se pronunció por que el caso
de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa continúe por la vía de la
justicia, con investigaciones serias, respeto al debido proceso y sin anticipar
culpabilidades, pero también sin cerrar ninguna línea de investigación que
pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Ante el reciente proceso iniciado contra el exgobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, relacionado con la investigación sobre la
desaparición de los normalistas, la legisladora consideró que este momento debe
asumirse con responsabilidad y sensibilidad, particularmente hacia los padres y
familiares que durante casi 12 años han exigido verdad y justicia.
Hay que recordar que la Fiscalía General de la República
sostiene que existen elementos que deben ser desahogados dentro del proceso,
mientras que la situación jurídica de cualquier persona corresponde
determinarla a las autoridades competentes.
En este sentido, Bazán Fernández sostuvo que no se debe
hacer leña del árbol caído, ni utilizar la situación jurídica de una
persona para alimentar confrontaciones políticas, pero tampoco sería correcto
adelantar una conclusión de inocencia cuando todavía deben desahogarse las
pruebas y establecerse, conforme a derecho, qué ocurrió y quiénes pudieran
tener alguna responsabilidad.
“Lo que debe prevalecer es la justicia y la verdad. No
podemos condenar anticipadamente a nadie, pero tampoco podemos decir que
alguien es inocente o responsable mientras las autoridades no hayan concluido
la investigación y valorado las pruebas correspondientes”, planteó la
legisladora.
La diputada morenista enfatizó que, por encima de cualquier
disputa política, están los derechos de los 43 estudiantes y de sus familias,
quienes tienen derecho a conocer qué ocurrió con los jóvenes desaparecidos la
noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
reiteradamente que el Estado mexicano tiene obligaciones pendientes en materia
de búsqueda, esclarecimiento, verdad, justicia y sanción de los responsables.
“Los padres y madres de los 43 merecen justicia, merecen
respuestas y merecen que las investigaciones lleguen hasta sus últimas
consecuencias. Eso significa investigar a quien tenga que ser investigado, sin
importar su cargo, su partido o su pasado político, pero siempre dentro de la
ley y con pleno respeto a los derechos de todas las personas involucradas”,
señaló.
Bazán Fernández consideró que el caso Ayotzinapa no debe
convertirse nuevamente en un instrumento de confrontación política, sino en una
oportunidad para que las instituciones demuestren que ninguna investigación
debe quedar inconclusa cuando existen víctimas y familias que siguen esperando
respuestas.
“La justicia no puede construirse desde el linchamiento
público ni desde la impunidad. Tiene que construirse con pruebas, con
investigación, con verdad y con resoluciones de las autoridades competentes”,
concluyó la legisladora.