José de la Paz Pérez /
Desde su nacimiento, la Universidad Autónoma de Guerrero ha defendido su autonomía como uno de sus mayores valores.
Pero esa autonomía no significa aislamiento ni impunidad; significa independencia para cumplir con su misión de formar profesionistas, generar conocimiento y servir a la sociedad, lejos de los intereses partidistas.
Precisamente por eso, las imágenes difundidas este viernes representan mucho más que un incidente administrativo: constituyen un golpe a la credibilidad de la institución y de su rector con licencia Javier Saldaña Almazán, quien aspira a coordinar trabajos de defensa de la soberanía nacional y la 4T.
Las fotografías y videos en los que se observa a trabajadores elaborando propaganda con la leyenda "Saldaña Es" dentro de instalaciones universitarias no tardaron en convertirse en un escándalo político.
No era un taller privado ni un inmueble cualquiera. Se trata de un espacio perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, financiado con recursos públicos y destinado a actividades académicas y administrativas.
El impacto de las imágenes fue inmediato. Más aún cuando, según los reportes, el acceso al inmueble fue cerrado después de que la actividad comenzó a ser documentada. En política, las formas pesan tanto como los hechos, y esa reacción alimentó aún más las sospechas.
El problema no radica únicamente en una frase pintada sobre triplay. El verdadero fondo del asunto es la posible utilización de personal, instalaciones y recursos universitarios para fines de promoción política.
De confirmarse, el caso dejaría de ser una simple falta administrativa para convertirse en un asunto con implicaciones constitucionales y electorales.
El artículo 134 de la Constitución es claro: los recursos públicos deben utilizarse con imparcialidad y exclusivamente para los fines que les fueron asignados.
Las universidades públicas no son la excepción. Su patrimonio pertenece a la sociedad, no a proyectos personales ni a aspiraciones políticas.
La respuesta institucional de la UAGro fue rápida. La Rectoría ordenó una investigación inmediata y la Coordinación de Asuntos Jurídicos abrió un procedimiento de oficio para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Era la única decisión posible. Guardar silencio habría significado asumir un costo político todavía mayor.
Sin embargo, la investigación interna será apenas el primer capítulo.
Si existen denuncias formales o si las autoridades electorales consideran que hay elementos suficientes, el caso podría escalar hacia otras instancias.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, e incluso el Instituto Nacional Electoral, podrían revisar si hubo promoción anticipada o uso indebido de recursos públicos.
Dependiendo de las evidencias, tampoco puede descartarse la intervención de órganos fiscalizadores o de las autoridades encargadas de combatir responsabilidades administrativas.
Pero quizá la consecuencia más delicada no sea jurídica. El mayor daño es el desgaste de la imagen institucional.
La UAGro es patrimonio de miles de estudiantes, docentes e investigadores que todos los días trabajan para fortalecer su prestigio. Un episodio como éste coloca a toda la comunidad universitaria bajo un reflector que nunca debió encenderse.
También representa un desafío para Javier Saldaña Almazán.
Aunque la investigación apenas comienza y será indispensable respetar el debido proceso antes de emitir conclusiones, el costo político ya comenzó a reflejarse.
En cualquier proyecto electoral, la percepción pública suele avanzar mucho más rápido que las resoluciones legales. Cuando una aspiración política aparece vinculada, aunque sea indirectamente, con el posible uso de recursos públicos, la percepción cambia por completo.
La frase "Saldaña Es", que pretendía convertirse en un mensaje de posicionamiento, terminó generando el efecto contrario. Hoy ya no se habla únicamente del eslogan; se habla del lugar donde presuntamente fue fabricado y de quién habría resultado beneficiado.
En política, los símbolos importan. Y pocas imágenes resultan tan sensibles como ver un espacio universitario convertido, presuntamente, en un centro de producción de propaganda.
La investigación determinará responsabilidades y aclarará si hubo una decisión institucional, una actuación aislada o una conducta individual. Pero cualquiera que sea el resultado, la lección ya está escrita.
Las universidades existen para educar ciudadanos, no para fabricar campañas. Cuando esa frontera se difumina, pierde la institución, pierde la confianza pública y pierde la democracia.