Redacción / Revista Acapulco
Chilpancingo, Gro., 22 de enero de 2026.- La diputada Leticia Mosso Hernández propuso una iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción XIV, se adiciona la fracción XVI y se realiza el corrimiento de la fracción XV a la fracción XVI del artículo 30 Bis 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Dicha propuesta tiene por objeto dotar a la Fiscalía General del Estado de la atribución para crear y administrar un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio u homicidio de sus madres o cuidadoras, a fin de visibilizar a las víctimas indirectas, integrar esta información a la estadística criminal y victimal, y fortalecer el diseño de políticas públicas de protección, restitución de derechos y prevención de la violencia de género.
La diputada señaló que, pese a los avances normativos en materia de derechos humanos, actualmente en Guerrero no existe un registro específico que permita identificar y dar seguimiento a las niñas, niños y adolescentes que quedan en estado de orfandad por estos delitos.
Por lo anterior, consideró importante que la Fiscalía integre un registro estadístico para generar diagnósticos precisos, establecer rutas de atención interinstitucional y promover medidas de protección inmediata y de restitución integral de derechos para las niñas, niños y adolescentes afectados, y a la vez constituir una herramienta estratégica para prevenir la violencia de género y fortalecer la procuración de justicia.
Por último, Leticia Mosso agregó que la iniciativa se sustenta en el marco constitucional y convencional que obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la debida diligencia reforzada en casos de violencia contra las mujeres, conforme a la Constitución Federal, la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
EXHORTO
En otro tema, la legisladora presentó un exhorto al Ing. José Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que, en el ámbito de su competencia, instruya al personal a su cargo a revisar que las empresas de autobuses que brindan el servicio de transporte público en el estado de Guerrero cuenten con pólizas vigentes de seguros de cobertura amplia, a fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias y que, en caso de un siniestro, las víctimas reciban atención médica oportuna y profesional, así como la cobertura correspondiente.
El punto de acuerdo, que está siendo analizado en la Comisión de Transportes, refiere que los accidentes viales representan un grave problema de seguridad pública, ya que en México ocurren diariamente decenas de siniestros y, tan solo en Guerrero, durante 2024 se registraron decenas de muertes y miles de personas lesionadas, además de accidentes recientes con autobuses que dejaron víctimas mortales y numerosos heridos.
Asimismo, se expone que, en muchos de estos casos, las empresas de transporte evaden su responsabilidad al no cubrir gastos médicos, funerarios o seguros de vida, debido a la falta de pólizas vigentes o a la ausencia de una supervisión adecuada por parte de las autoridades competentes.
Por ello, se plantea la necesidad de fortalecer la revisión periódica de las unidades y de la documentación que acredite la vigencia de los seguros, así como verificar que los autobuses cumplan con condiciones mecánicas óptimas y modelos recientes, en concordancia con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, con el objetivo de reducir riesgos, proteger la integridad física de las personas usuarias y garantizar un servicio de transporte público seguro y responsable.