José de la Paz Pérez /
*La iniciativa obligaría a los partidos a incluir candidaturas de este sector en posiciones realmente competitivas para diputaciones y ayuntamientos, ampliando su participación en la toma de decisiones
Chilpancingo, Gro., 4 de diciembre de 2025.— La diputada Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista presentó una iniciativa considerada de alto impacto social y político para Guerrero: una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que busca garantizar, por primera vez, la participación efectiva de personas con discapacidad mediante su postulación obligatoria en posiciones competitivas dentro de listas para diputaciones locales y ayuntamientos.
La propuesta establece que los partidos, coaliciones y candidaturas independientes deberán registrar fórmulas de personas con discapacidad dentro de los primeros cuatro lugares de las listas de representación proporcional; y en ayuntamientos, asegurar al menos una regiduría de este sector en los primeros cuatro espacios de cada planilla.
El objetivo es pasar de una inclusión simbólica a una representación con posibilidades reales de ocupar cargos.
Eguiluz Bautista subrayó que esta medida responde a una deuda histórica con más de 8.9 millones de personas con discapacidad en México —el 6.8 por ciento de la población— que continúan enfrentando barreras estructurales en salud, educación, empleo y, de manera más evidente, en la participación político-electoral.
En los comicios federales 2017-2018, solo 61 de las 18,299 candidaturas correspondieron a integrantes de este sector; y en Guerrero, el proceso 2023-2024 apenas les otorgó el 5.73 por ciento de los espacios municipales.
La legisladora destacó que esta falta de representación reproduce estereotipos y limita el ejercicio pleno de los derechos político-electorales, contrario al principio de igualdad material que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido y respaldado mediante acciones afirmativas.
De aprobarse, la reforma colocaría a Guerrero entre las entidades con acciones afirmativas de mayor alcance, permitiendo que las personas con discapacidad puedan acceder a espacios donde se toman decisiones públicas.
Para organizaciones civiles y especialistas en inclusión, este paso podría transformar la agenda local al incorporar visiones, necesidades y propuestas de un sector largamente marginado, fortaleciendo así la democracia y la justicia social en el estado.