José de la Paz Pérez /
*El Senado aprobó una modificación que promete agilizar la justicia, pero podría restringir derechos fundamentales *La Cámara de Diputados y la Suprema Corte tendrán ahora en sus manos decidir si México avanza hacia una justicia más equitativa o hacia un control del poder sin contrapesos
La reciente reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado de la República ha encendido un debate que va mucho más allá de tecnicismos jurídicos.
En el fondo, lo que se discute no es sólo cómo se tramita un juicio, sino qué tipo de justicia queremos en México: una que sirva para proteger a los ciudadanos del abuso de autoridad o una que simplifique la labor del poder, aunque sea a costa de las libertades.
La versión aprobada limita el concepto de “interés legítimo”, restringe la suspensión de actos de autoridad en determinados casos y, lo que preocupa a muchos, pretende aplicar retroactivamente las nuevas reglas a juicios en curso, algo que especialistas consideran una violación al principio constitucional de no retroactividad de la ley.
Con esto, el amparo —la herramienta más antigua y efectiva de defensa frente al poder— podría salir debilitado de una reforma que dice buscar justicia, pero que abre puertas al autoritarismo.
Opiniones encontradas
Los promotores del cambio argumentan que el amparo ha sido abusado por los poderosos, especialmente en litigios fiscales y empresariales, convirtiéndose en un instrumento para evadir la ley.
La intención declarada es legítima: impedir que el derecho se use como escudo para la impunidad. Sin embargo, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
Juristas y organizaciones civiles advierten que los nuevos límites podrían cerrar el acceso a la justicia para comunidades, colectivos ambientales y sectores vulnerables que no cuentan con los recursos para litigar en grandes despachos.
“Sin suspensión efectiva, el amparo se vuelve una ilusión”, ha señalado el investigador Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La preocupación se agrava con la posibilidad de que los tribunales apliquen la ley a procesos ya iniciados, alterando reglas en medio del partido. Eso equivaldría a modificar las garantías en curso, dejando a miles de ciudadanos en una incertidumbre jurídica.
La aprobación en el Senado respondió más a una estrategia política que a una urgencia judicial. El bloque mayoritario de Morena y aliados buscó mostrar fuerza legislativa en un tema simbólicamente sensible: el control del Poder Judicial.
Pero las críticas se multiplicaron desde la academia, las ONG, los colegios de abogados y hasta exministros de la Corte.
Ahora, la Cámara de Diputados se convierte en el espacio decisivo. Todo indica que se introducirán cambios para matizar los excesos del texto, sobre todo en materia de retroactividad y suspensión.
Si esos ajustes prosperan, el daño podría limitarse. Si no, la Suprema Corte será el último muro institucional capaz de frenar una ley que, paradójicamente, podría debilitar la protección que ella misma garantiza.
La sociedad civil al debate
Por primera vez en años, la sociedad civil ha convertido un tema jurídico en causa ciudadana. Colectivos de pacientes con cáncer, defensores del medio ambiente, feministas y activistas de derechos humanos ven en esta reforma un ataque directo al derecho de defensa.
El mensaje es claro: defender el amparo es defendernos de los abusos del poder. Y esa conciencia cívica puede ser la diferencia entre una reforma que se perfecciona y otra que erosiona el Estado de derecho.
Las probabilidades apuntan a tres escenarios: una corrección legislativa que salve el espíritu del amparo (la más probable), una ola de impugnaciones que obligue a la Corte a invalidar artículos inconstitucionales o, la aceptación de un retroceso jurídico disfrazado de modernización.
Si México permite que el amparo pierda su fuerza protectora, lo que se debilitará no será solo una ley, sino el principio más básico de justicia: el de poder defenderse del poder.