*La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluye:
No hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida; el caso queda en
manos de la Fiscalía General de la República
* La creación de la llamada "verdad histórica" fue
una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel
del gobierno, agrega el informe
José de la Paz Pérez
Ciudad de México, 18 de agosto de 2022.- La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, constituyó un Crimen de Estado, revela el informe final de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
El documento agrega otro dato que difícilmente aceptarán los familiares de los estudiantes, por doloroso: “No hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida”, ya que todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron ultimados y desaparecidos.
En las conclusiones de un libro de 103 páginas se asegura que en estos hechos violentos participaron “integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, incluidos policías municipales y agentes del estado.
De hecho, se precisa que policías de Iguala intervinieron en el aseguramiento de estudiantes en el autobús 1531, y más adelante señala que “al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes”.
Esta investigación echa por tierra a la llamada Verdad Histórica la cual fue, de acuerdo a la Comisión, “una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de estudiantes”.
El documento llama omisas y negligentes a las entonces autoridades federales y estatales del más alto nivel, y asegura que hay indicios de que alteraron “hechos y circunstancias para desvirtuar la verdad”.
Relata que autoridades de los tres órdenes tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Normal hasta su desaparición, "y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa asegura que hay indicios para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y funcionarios municipales y federales.
Con este informe, dice finalmente la Comisión, queda en manos de la FGR el análisis de la información y, en su caso, proceder a la judicialización.
