El Banco Interamericano de Desarrollo en la publicación “Infraestructura sostenible para la competitividad y el crecimiento inclusivo” (2014), señala que la infraestructura es un pilar fundamental de la sociedad moderna. Su adecuada dotación y administración posibilitan el desarrollo económico, generan crecimiento, aumenta la competitividad y la productividad, y con ello la inserción de las economías en el mundo. Además ayuda a la cohesión territorial y permite mejorar la calidad de vida y la inclusión social.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022, destaca los aspectos siguientes:
1) Con el fin de impulsar proyectos estratégicos que reactiven la actividad económica, la creación de empleo, la prestación eficaz, eficiente y equitativa de servicios públicos y la mejora sustentable en la calidad de vida de la población, el Gobierno de Andrés López Obrador ha destinado 1,454 mil millones de pesos para la inversión en infraestructura de recursos presupuestarios, y al primer semestre de 2021, se han ejercido 869.9 mil millones de pesos de estos recursos. Esta inversión presupuestaria se ha complementado con recursos no presupuestarios por 9.8 mil millones de pesos. Conforme el monto ejercido de recursos presupuestarios y no presupuestarios, en estos primeros tres años destacan los ramos de PEMEX, SCT y CFE con una participación de 62, 13 y 10%.
2) En materia de Comunicaciones y Transportes, se han ejercicio recursos presupuestarios y no presupuestarios por 115.4 mil millones de pesos dirigidos a la atención de los proyectos prioritarios y estratégicos, los cuales favorecen la reactivación económica y la mejora en la comunicación y conectividad entre los principales centros de consumo, comerciales y fuentes de trabajo con la población.
3) Se han destinado 5.2 mil millones de pesos para dar continuidad al programa de construcción de caminos rurales con mano de obra local, lo cual ha permitido concluir 63 caminos y continuar con la construcción de 127 caminos en Oaxaca. La ejecución de este programa ha generado a la fecha un total de 29,215 empleos: 10,370 empleos en 2019, 14,489 empleos en 2020, y 4,356 empleos en los primeros siete meses de 2021.
4) Relacionado con el subsector aeroportuario, con el objetivo de atender el problema de saturación y para reestablecer los niveles de operación que presenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se continúa con la ejecución del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y el programa de Reestructuración de Espacios Aéreos del Sistema Aeroportuario Metropolitano, y además se dará continuidad a los trabajos de modernización del AICM.
5) El programa de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) tiene como objetivo el crecimiento de la economía regional. Para ello se realizan acciones de infraestructura con el fin de crear las condiciones para la maniobra de carga que se moverá entre las Administraciones Portuarias Integrales de Coatzacoalcos y Salina Cruz. En el primero se considera ampliar la línea de negocio para atender carga contenerizada, mientras que en el segundo se continuará con la ejecución del proyecto para conclusión del puerto petrolero y se iniciarán los trabajos de modernización de infraestructura existente en el puerto comercial. Con relación a los Polos de Desarrollo para el Bienestar, se concluyó con la adquisición de un terreno en Texistepec, Veracruz, el cual contribuirá, con su desarrollo, a incrementar la producción de bienes y servicios en el mercado de la región.
6) Los Ramos 18, 52 y 53 correspondientes al sector energía, se subdividen en tres grandes apartados. En cuanto a los servicios de transporte y almacenamiento de gas natural, la presente administración se ha enfocado en la rehabilitación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional, el sistema de ductos para gas natural y las estaciones de medición del Sistema Nacional de Gasoductos. Respecto al rubro de electricidad, se ha buscado optimizar y segmentar el parque de generación, mientras se agregan tecnologías más eficientes para sustituir las centrales obsoletas para lo cual se están definiendo nuevos esquemas de inversión y alianzas con el sector privado. La inversión física presupuestaria se destinará a la continuación de obras que complementen a los proyectos PIDIREGAS, y se enfocará a la construcción de infraestructura eléctrica y mantenimientos y adquisición de equipo eléctrico básico en actividades de generación, transmisión y distribución. Por último, en el subsector de hidrocarburos, se continuarán impulsando las actividades de: (i) distribución y comercialización; (ii) mantener el incremento en la producción de petróleo crudo y gas natural; (iii) continuidad de la rehabilitación de las refinerías existentes; (iv) la construcción de la Nueva Refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco; y (v) la rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, en apoyo a los productores agrícolas.
Dentro de este contexto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador expide el “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021, en el Considerando se establece lo siguiente:
Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la Nación;
Que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país;
Que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente;
Que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos, y
Que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social.
En el Acuerdo se destacan los aspectos siguientes:
Artículo Primero.- Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Artículo Segundo.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
Artículo Tercero.- La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Al darse a conocer el Decreto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-ción de Datos Personales (INAI), con Notas Informativas INAI/411/21, INAI/412/21, de fecha 23 de no-viembre de 2021, da a conocer en los medios de comunicación, que al analizar de fondo el Acuerdo, pu-blicado, el lunes 22 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación, por el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.
Al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
Prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en con-tra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son conside-rados de interés público y seguridad nacional.
Luego de analizar los alcances del Acuerdo, el Pleno del INAI determinó ejercer este control constitucio-nal, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal re-serven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transpa-rencia y Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información.
Asimismo, mediante comunicado COFECE-031-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) advierte posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados del Acuerdo sobre proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional.
• El Acuerdo podría generar un régimen regulatorio asimétrico en función de quién realiza los proyectos y obras que, conforme al mismo, se consideren de interés público y seguridad nacional, lo que podría implicar tratos preferenciales en detrimento de la competencia.
• Que los proyectos referidos de manera indeterminada en dicho Acuerdo sean considerados de interés público y seguridad nacional no debería interpretarse como una causal de excepción a la licitación pública en el marco de la normativa de adquisiciones y obra pública en las contrataciones públicas relacionados con los mismos.
Además, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) señala que el hecho de que, conforme al Acuerdo, un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación conforme a los artículos 41, fracciones II y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42, fracciones II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable.
Ante las críticas por la publicación del acuerdo, dijo en su conferencia de prensa el 23 de noviembre de 2021, “Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les de también tiempo para presentar toda la documentación, en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y se les tiene que dar facilidades y confianza a las dependencias”, y tiene como fin agilizar los procesos al interior de la administración federal. Igualmente, evitar que una acción jurídica promovida por grupos de interés impida la culminación de mega proyectos.
El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo en conferencia de prensa de fecha 25 de noviembre de 2021 que el contenido del acuerdo para ‘blindar’ las obras del gobierno tutela el derecho a la información, esto luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunciara la elaboración de una controversia constitucional en contra de este. Asimismo explicó que “La principal diferencia entre un acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla que expide, en este caso, el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas y el decreto es de carácter administrativo pero en lo general”, dijo en la conferencia.
El Acuerdo, reviste gran relevancia en el Gobierno de Andrés López Obrador, ha impulsado la infraestructura y proyectos estratégicos, que reactiva la actividad económica, la creación de empleo, la prestación eficaz, eficiente y equitativa de servicios públicos y la mejora sustentable en la calidad de vida de la población, ha destinado 1,454 mil millones de pesos para la inversión en infraestructura de recursos presupuestarios, y al primer semestre de 2021, se han ejercido 869.9 mil millones de pesos de estos recursos, representando un avance del 67.15%. Esta inversión presupuestaria se ha complementado con recursos no presupuestarios por 9.8 mil millones de pesos.
La infraestructura y proyectos estratégicos, ha permitido el fomento del desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país.
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